Hasta 25.000 euros sin avales ni garantías, para toda persona física excluida de los cauces tradicionales de financiación y para reforzar actividades productivas y mejorar la calidad de vida es la definición de microcrédito español consensuada por el sector en este país.

Esta definición es el punto de partida de la propuesta de legislación española sobre microfinanzas, que estará lista a principios del 2012 para presentarla a los grupos políticos, y que este martes ha perfilado en la V Cumbre Mundial del Microcrédito el coordinador de estos trabajos, Jaime Durán.

En el segundo miniplenario de la pista española en microfinanzas se ha analizado este martes en Valladolid el estado del microcrédito en España y se ha debatido sobre las recomendaciones para el futuro de este sector.

El coordinador del grupo de legislación microfinanciera española, que aglutina a más de un centenar de instituciones de todo el sector, incluidas cajas de ahorros, oenegés, universidades, asociaciones de inmigrantes, ayuntamientos o comunidades autónomas, ha señalado que este modelo se presenta como "no competente con la banca".

El tipo de interés de los microcréditos será limitado y tendrá como referencia el euribor más un diferencial que sea desarrollado reglamentariamente, según se recoge en la parte consensuada de la propuesta y presentada por Durán, quien ha incidido en que la lucha contra la exclusión y la pobreza es el marco que anima esta regulación.

En cuanto a las entidades que pueden conceder uno de estos micropréstamos, "podrán tener un beneficio pero sin ánimo de lucro", por lo que se deberá reinvertir para seguir prestando.

La elaboración de esta propuesta de legislación se halla ahora en el estudio de las formas jurídicas de los prestatarios, que podrían ser cualquier sociedad con determinadas restricciones, lo que permitiría la entrada a las oenegés, así como las sociedades de capital microfinanciero.

La sociedad civil necesita de las microfinanzas y está "motivada", como demuestra que es la primera vez que un sector hace una propuesta para su regulación en España, ha destacado Durán.

También se plantea la existencia de un órgano supervisor, que deberá estar alojado en el Instituto de Crédito Oficial (ICO), y que será el encargado "de otorgar, renovar y revocar las licencias microfinancieras".

El trabajo se inspira en la legislación francesa y pretende, tras la labor importante desarrollada históricamente en España por las cajas de ahorro, herederas de la labor de los antiguos Montes de Piedad, contar con una legislación española que permita la aparición de las instituciones microfinancieras, para que esta herramienta tenga un mayor alcance social.

DATOS

De acuerdo a la información facilitada por la organización de la Cumbre, durante 2010 una decena de cajas de ahorro mantenían su actividad y desarrollo con programas de microcréditos en España, tras el parón que sufrió este campo por la crisis del 2008, año en el que el sector alcanzó su punto más alto.

En 2010 se concedieron más de siete millones de euros en 700 operaciones, de las que casi la mitad se destinaron al autoempleo y a la creación de empresas.

El 67,1% se destinó al autoempleo o a emprendedores, el 27% a la cobertura de necesidades familiares y el resto a ayudas a estudios.

En cuanto a la creación de autoempleo, las principales actividades fueron las de pequeños comercios, como locutorios, tiendas de ultramarinos, así como hostelería y actividades de servicios personales.

El 54% de las beneficiarias fueron mujeres, el 46% hombres, con un 45% de los clientes pertenecientes al colectivo de inmigrantes, un 12% más que en el 2009.