La crisis marca la gestión de la Consejería de Hacienda de la Junta en 2011, ejercicio en el que reclama al Estado 724 millones de euros que entiende corresponden a la Comunidad del modelo de financiación autonómica, se ve obligada a elevar sus ajustes presupuestarios para cumplir con los objetivos de déficit y encuentra serias dificultades para colocar su deuda en los mercados.
La Junta autoriza el 17 de febrero, la apertura de un proceso de negociación con el Gobierno para reclamar el pago de 724 millones de euros del modelo de financiación en 2011, 211 de ellos del Fondo de Cooperación, que presupuestó para el año, más 225,5 millones, como merma de la liquidación negativa de 2009; otros 159,4 en concepto de revisión del Fondo de Suficiencia asociada al incremento de la recaudación del IVA este año y 128,1 millones de recursos adicionales del sistema correspondiente a este ejercicio.
El Ministerio de Política Territorial y Administración Pública asume el 17 de marzo esa negociación, que será infructuosa. La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, confirma un recurso ante el Tribunal Constitucional antes del 22 de septiembre. El alto tribunal admite a trámite la denuncia el 31 de octubre.
Los deberes presupuestarios para las autonomías se suceden a lo largo del año. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprueba el 27 de abril el Plan Económico y Financiero de Reequilibrio de Castilla y León.
El documento se hace público el 19 de octubre y se calara que la Junta prevé un ajuste adicional de unos 500 millones de euros hasta final de año sobre el presupuesto aprobado de 2011 para poder cumplir con el objetivo de déficit de las comunidades autónomas, cifrado en el 1,3 por ciento del Producto Interior Bruto.
Esta cantidad se une a la disminución que se practicó en la elaboración de las cuentas autonómicas que aprobaron las Cortes a finales de 2010, con lo que el esfuerzo final que tendrá que hacer la Comunidad en 2011, llegará a los 969,7 millones de euros, según figura en el Plan.
La prórroga de las cuentas del Estado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero ante los comicios generales y la incertidumbre sobre las perspectivas de ingresos de la Comunidad para 2011, provocan que el Consejo de Gobierno de Castilla y León decida el 13 de octubre aplazar la presentación de los presupuestos de la Comunidad para 2012. Rajoy compromete en su discurso de investidura a sacar las previsiones económicas en enero, lo que desbloquearía las grandes cifras de la región.
El acceso al crédito en unos mercados "cerrados" también dificulta la labor de la Consejería de Hacienda de la Junta, que reconoce a finales de noviembre que aún no ha colocado 100 millones de la deuda a largo plazo que había presupuestado para financiarse este año, lo que supone el ocho por ciento de los 1.250 millones previstos para cerrar el ejercicio (1.000 millones a adjudicar y 250 que se han cambiado del corto al largo plazo).
Tributo eléctrico
El diseño de un tributo a las compañías eléctricas sigue su curso a lo largo de 2011. El grupo de trabajo creado para su diseño se reúne por última vez el 23 de marzo. La Consejería de Hacienda prevé ingresar entre 10 y 40 millones de euros anuales gracias al tributo que gravará el impacto ambiental que deriva de la producción hidroeléctrica en embalses y pantanos, así como el transporte de alta tensión. Para ambos casos se establece un módulo ecológico sobre el daño medioambiental que se produce fundamentalmente en las especies animales y en la flora.
La consejera Pilar del Olmo deja a finales de septiembre, a la iniciativa de los grupos políticos de las Cortes, la creación del tributo, y éstos lo supeditan a que no tenga una repercusión económica sobre los ciudadanos.
Del Olmo pide explicaciones al Gobierno sobre una directiva europea en la que se obliga a imponer un suplemento territorial, lo que es contrario al acuerdo de los grupos sobre las ‘líneas rojas’ que se deben preservar en caso de implantar ese tributo.
La Comisión de Hacienda de las Cortes aprueba el 4 de noviembre por unanimidad que la Junta remita un proyecto de ley a la Cámara para la creación de un tributo propio medioambiental a las empresas eléctricas por las repercusiones en la generación y transporte de energía, conforme al acuerdo que cerraron los grupos del Parlamento regional.
Vacaciones vascas
Por potra parte, las vacaciones fiscales vascas siguen recabando sentencias en su contra en 2011. El Tribunal de Justicia confirma el 9 de junio que las ayudas concedidas a través de las exenciones fiscales vascas son ilegales y por ello insta a devolver las subvenciones.
La Corte con sede en Luxemburgo da así la razón a las comunidades de Castilla y León y La Rioja, al considerar que las ‘vacaciones fiscales' constituyen ayudas estatales incompatibles con el mercado común y obliga a las empresas beneficiarias a devolver las subvenciones recibidas.
Además, desestima las alegaciones interpuestas por las autoridades regionales implicadas en las que invocaban la larga duración del procedimiento que ha seguido la Comisión Europea, para justificar las ayudas.