Etapa de acuerdos tras las elecciones. El pacto sobre el nuevo modelo de ordenación del territorio, para enriquecer la Agenda de la Población, para blindar los servicios públicos y por la transferencia y modernización de los medios de la Justicia marcan el inicio de la legislatura 2011-2015. La Consejería de la Presidencia, que dirige José Antonio de Santiago-Juárez, ha abierto la negociación para cerrar acuerdos en las cuatro materias.

El acuerdo político y social de Comunidad para la ordenación del territorio es uno de los compromisos estrella de Juan Vicente Herrera para este nuevo mandato, como reafirmó en su discurso de investidura. La unión voluntaria de municipios en distritos de interés comunitario para evitar la supresión por la crisis y la redefinición de las competencias de las diputaciones son la percha del modelo que propuso la Junta en marzo, al final de la legislatura.

El primer paso para avanzar hacia ese pacto fue la creación de la Mesa Territorial, donde están la Junta, los grupos políticos, agentes sociales, municipios y las opas y se han dado dos meses para cerrar un acuerdo de mínimos. El consejero de la Presidencia convocará este foro en la primera quincena de enero. José Antonio de Santiago-Juárez considera que nadie se ha opuesto al modelo propuesto y sostiene que los municipios de menos de 500 habitantes –el 76 por ciento de los 2.248 existentes en la Comunidad- tendrán voz y no estarán marginados, como cree que ocurre ahora.

En una tarea de pedagogía, los cargos de la Consejería de la Presidencia han mantenido reuniones con los presidentes de las diputaciones y con los delegados territoriales de la Junta para explicar la propuesta y trasladarla a los alcaldes y concejales. El presidente Juan Vicente Herrera acude al “si no nos movemos nos moverán las circunstancias”, frase que ya utilizó en la fusión de las cajas, para hablar de la urgencia del pacto territorial.

Población

La evolución demográfica de Castilla y León nunca ha tenido un diferencial “tan estrecho” como ahora con el de España, de cuatro décimas, y ese es el objetivo de la Agenda de la Población, el conjunto de medidas orientadas a los jóvenes, familias, inmigrantes y emigrantes que el Gobierno de Juan Vicente Herrera puso en marcha en mayo de 2011.

Este es el argumento central que esgrimió el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, ante los miembros del Consejo para la Población, órgano de seguimiento de la Agenda, en el que no está el PSOE y sí los sindicatos, las opas, consejos sectoriales, Consejo de la Juventud, inmigrantes y representantes de las consejerías.

De Santiago-Juárez prevé la incorporación a la Agenda de cuarenta propuestas, que son en su mayoría compromisos de investidura de Herrera, para la revisión balance que se realizará a primeros de año, y confía en que el PSOE se adhiera al Consejo para la Población.

Servicios Sociales

Abierta está la negociación del blindaje de los servicios sociales. Las bases de la propuesta de la Junta son la financiación, el aumento de la eficacia en la gestión, la coordinación entre servicios, los profesionales, la organización y funcionamiento, la prestación y servicios, la colaboración público-privada, la información a los usuarios y los servicios de ámbito rural.

En una negociación que participan los órganos de Salud, Servicios Sociales y Educación, la Junta espera, según el calendario marcado, tener un primer borrador del documento marco entre finales de enero y febrero de 2012 con objeto de sellar el pacto de comunidad político y social en la primavera del mismo año.

Justicia

La Junta no renuncia a la asunción de los medios materiales y personales de la administración de justicia, después de que se cerrará el mandato en mayo sin este traspaso. Ahora, acaba de presentar su propuesta de coste efectivo de este servicio, que cuantifica en 163 millones de euros frente a la última oferta del Ministerio de Justicia en 133 millones. En ella incluye inversiones de reposición de infraestructura, equipos informáticos y acuerdos de personal con los sindicatos.

De Santiago-Juárez presentó esta propuesta a los representantes de los órganos judiciales para que realicen sus aportaciones y forjar una posición de comunidad –para lo que ha marcado como plazo primeros días de enero- ante la negociación que prevé abrir con el nuevo Gobierno.

La asunción de los medios de la Justicia y la gestión de la Cuenca del Duero son las dos competencias de mayor calado en el autogobierno de la Comunidad. Sin embargo, el objetivo de la Junta de contar con la gestión de la cuenca ha sufrido un revés judicial. El Tribunal Constitucional anuló el artículo que otorgaba a la Comunidad competencias de desarrollo legislativo y de ejecución sobre los aprovechamientos hidráulicos de las aguas que, con nacimiento en la Comunidad, deriven a Portugal.

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, cerró un acuerdo de Comunidad con los grupos políticos para trasladar al Gobierno algunas vías que permitan a Castilla y León tener peso y protagonismo en la gestión de la cuenca, propuesta que se encuentra ahora entre los deberes para el nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Entre los contenciosos con el Gobierno del PSOE, está el recurso presentado por la Junta en el que reclama 724 millones de euros que considera que debían figurar en las cuentas estatales de 2011, entre ellos 211 del Fondo de Cooperación que la Consejería de Hacienda incluyó en el capítulo de ingresos de los presupuestos de Castilla y León de este año.

Otro de los proyectos que ha iniciado su andadura es la macrorregión Castilla y León, Galicia y Norte de Portugal, constituida en septiembre de 2010, con la creación ya de los grupos de trabajo. Además, en la colaboración con las autonomías vecinas, la Junta cerrará por fin el círculo con la firma en los primeros meses de 2012 de un convenio con el País Vasco, pendiente de la pasada legislatura.

El ‘atracón’ de leyes aprobadas al final de la legislatura ha dado paso a un relax legislativo en los primeros meses de la nueva etapa. Sin el debate de presupuestos, que protagoniza la parte final del año en el Parlamento, y en esta ocasión se van a prorrogar, las Cortes sólo han visto la aprobación exprés de la reforma de los consejos de Cuentas y Consultivo –reducen su número de miembros- y una revisión técnica de la ley de Cooperativas.