La crisis no pasó por alto el capítulo de servicios sociales en Castilla y León, hasta el punto que llevó al Gobierno regional a buscar un “gran acuerdo social y político” para blindar los servicios esenciales, en un año en el que el sistema del estado de bienestar estuvo contra las cuerdas en el conjunto del país. Dicho pacto, que podría ver la luz en la próxima primavera, busca la sostenibilidad actual y futura de los servicios sociales, así como la garantía en la equidad en el acceso; la calidad en la atención, y la puesta en marcha de medidas para avanzar en una mayor eficacia y mejora de los mismos.

El año que acaba también estuvo protagonizado por el arranque de la aplicación de la renta garantizada de ciudadanía, una medida que dota a la población del derecho a contar con un mínimo de recursos para poder vivir que puede, incluso, reclamar a través de los tribunales.

Al tiempo que este subsidio marcó un hito en las políticas sociales en Castilla y León, agentes sociales y Administración acordaron abordar la puesta en marcha de una ayuda para bienes de primera necesidad y emergencias en el marco del Diálogo Social. A juicio de los sindicatos, este apoyo constituiría el último eslabón del mapa de prestaciones sociales en la Comunidad. Se trataría de un apoyo “asimétrico” para todas aquellas personas que no puedan cubrir sus necesidad básicas, en referencia a alimentación, vivienda, energía para calentarse e higiene, aunque perciban la renta garantizada.

Con las elecciones autonómicas llegaron nuevas caras a este departamento. Así, el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, cedió el testigo a Milagros Marcos quien estuvo al frente de la Gerencia de Servicios Sociales durante el mandato de Antón, con quien también trabajó en la Consejería de Sanidad cuatro años antes, al frente de la extinta Dirección General de Planificación Sociosanitaria.

Coordinación sociosanitaria

Las consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades y Sanidad lograron con el cabo del año avanzar en un viejo caballo de batalla, en la prestación sociosanitaria, cuyo desarrolló recogió hace ocho años la Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud y que, pese a que la Comunidad ha contado con dos planes sociosanitarios, era una asignatura pendiente.

En concreto, los dos departamentos firmaron un protocolo de coordinación que sienta las bases de las medidas que desarrollarán para mejorar la eficacia y la atención a las personas que requieren de los dos sistemas. Aborda desde la prevención de la dependencia, hasta la atención temprana en niños, atención a mayores y personas con discapacidad, salud mental y formación de profesionales de los dos sistemas. Entre otras medidas, recoge la creación de unidades de convalecencia en las residencias de personas mayores; avanzar en la atención a los mayores que se encuentran en centros residenciales y la conexión entre la historia social y sanitaria.

Discapacidad

La última Comisión Interconsejerías sobre Discapacidad sirvió también para sentar las bases de un nuevo sistema de inserción laboral para este colectivo que integrará el ámbito formativo, el ocupacional y el empleo. El fin es que estas personas cuenten con una adecuada capacitación que les permita participar en la sociedad y dar el salto desde la etapa educativa hasta el mercado laboral. Para ello, se diseñarán itinerarios sociolaborales en estrecha colaboración entre educación, empleo y servicios sociales.

Frente a este avance, en 2011 hubo que lamentar un trágico suceso en el centro Los Pinos, que gestiona Mensajeros de la Paz en Boecillo (Valladolid), donde tres niños discapacitados, de 3, 8 y 13 años de edad, fueron asesinados, supuestamente, a manos de una cuidadora. Fue la nota negra de un verano que consternó al tiempo que dejó sin palabras al conjunto de la sociedad.

Violencia de género

En el capítulo de igualdad de oportunidades, las Cortes regionales dieron luz verde a la Ley de Evaluación de Impacto de Género, que implica que todas las leyes, disposiciones administrativas y planes de especial relevancia económica y social cuya aprobación corresponda al Ejecutivo central deberán tener en cuenta esta perspectiva. El fin es que todos, con independencia de su sexo, tengan “idénticas oportunidades”.

En 2011, la Consejería de Familia comenzó a desarrollar la recién aprobada Ley contra la Violencia de Género, que reconoce como víctima no sólo al afectado directamente, sino también a sus hijos o personas a su cargo. Desde este departamento también se avanzó que prepara un reglamento que recogerá todo el proceso de actuación en casos de violencia de este tipo y en un protocolo de actuación coordinada entre profesionales sanitarios, sociales y educativos.