La Consejería de Agricultura y Ganadería y el comité de empresa de Seda Solubles pidieron este miércoles al juzgado de Palencia que reconsidere su auto del 18 de abril por el que negó la autorización para la venta de la unidad productiva de la firma cafetera, que evitaría su cierre, la liquidación de la sociedad y el despido de sus 314 trabajadores.
Además, destacaron la "unanimidad" de las partes, ya que la Junta, los sindicatos y los administradores concursales han presentado un recurso, que esperan se resuelva cuanto antes porque los tiempos son "ajustados".
Así lo indicaron el director general de Industrias Agrarias y Modernización de Explotaciones, Jorge Morro, y la secretaria del comité intercentros de Seda, Charo Bueno. Morro insistió en que el futuro pasa "inexorablemente" por la venta de la unidad productiva de la empresa, ya que de lo contrario todos los "esfuerzos" podrían ser "baldíos". Además, indicó que si llega el 23 de junio se tendrán que devolver las ayudas, lo que asfixiaría la actividad.
Por ello, el director explicó que Agricultura y Ganadería hizo hincapié en que el "futuro" y la "viabilidad" pasan por la venta de la unidad productiva y apostó por ser "optimistas" ante la decisión final del juzgado. También, Morro aseguró que la compañía, con plantas en Villamuriel de Cerrato y Palencia, puede seguir funcionando si se vende a empresas "solventes". Además, recordó que 27 empresas –industriales y financieras- se interesaron por Seda.
Por ello, el responsable de Industrias Agrarias aseguró que la Administración autonómica no entiende el "cambio de criterio" del juzgado y sostuvo que la ley concursal debe proteger los derechos legítimos de los acreedores, pero también el mantenimiento del empleo. Insistió en que "no hay capacidad de reacción" por lo que afirmó que es "importante" que el juez resuelva "pronto" los recursos interpuestos.
Por su parte, la representante de los trabajadores destacó que todas las partes han recurrido la no autorización de la venta de la unidad productiva de la empresa y destacó que en los cuatro meses de funcionamiento, tras dos meses sin actividad, ha experimentado un crecimiento de la actividad productiva hasta alcanzar el 70 ó 80% de un mes normal.
Indicó que este aumento ha permitido suavizar la aplicación del ERE (Expediente de Regulación de Empleo), fijado para el 50% de la plantilla y que tenía una duración de nueve meses, con una prórroga de 12 más.
Así, afecta al 34% de los trabajadores de la fábrica de Villamuriel y al 28% de los de Palencia. También, censuró que el juzgado no haya tenido en cuenta el apoyo de los trabajadores a la venta de la unidad productiva para facilitar la llegada de nuevos inversores. Por ello, dejó claro que existe un "riesgo real" de que los 314 trabajadores se vayan a la "calle".
Ayudas
La Consejería de Agricultura y Ganadería, tras sucesivas reuniones con el Comité de Empresa y con los administradores concursales, celebradas el 14 de diciembre de 2011 y el 17 de enero de 2012, estudió cómo arbitrar una solución a la paralización de la actividad de la empresa y autorizó, a través del Instituto Tecnológico Agrario, una ayuda de 4,5 millones de euros consistente en un préstamo que debe devolverse.
El crédito estaba supeditado a la aportación de otros 4,5 millones de euros por parte de cinco entidades financieras -Banca Cívica, Banco Popular, Caja España-Duero, Natixis y Rabobank- para totalizar los nueve millones de euros de circulante necesarios para asegurar la actividad normal de la empresa.
La ayuda del Gobierno regional fue imprescindible para que la empresa retomara su actividad a principios de año, después de haber estado parada varios meses por falta de recursos económicos para adquirir materias primas y pagar los gastos de funcionamiento de la fábrica.