La Junta, a través de la Consejería de Agricultura y Ganadería, anunció este jueves que recurrirá la decisión adoptada el pasado 18 de abril por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno de Palencia, que denegó la autorización de la venta de la empresa palentina Seda Solubles.
Esta medida fue solicitada en su día por los administradores concursales y el Gobierno regional considera que la decisión negativa del juzgado con competencias en materia mercantil "pone en peligro la viabilidad de la empresa".
La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, firmó el pasado 20 de abril la Orden que autoriza a los letrados de los servicios jurídicos de la Comunidad a personarse en este proceso.
El Gobierno regional entiende que la Ley Concursal establece esta posibilidad y, de hecho, en la Orden firmada por Clemente explica que la normativa legal "contiene varias referencias a intereses legítimos distintos del de los acreedores, como el mantenimiento del tejido empresarial o del empleo o la especial trascendencia de ciertas empresas para la economía de determinadas zonas".
En opinión del Gobierno regional, la decisión del juzgado pondría en peligro la viabilidad de la empresa a medio plazo, "lo que conllevaría importantes perjuicios para la industria agroalimentaria, el empleo y para los propios intereses de la administración regional". La Consejería, tras sucesivas reuniones con el Comité de Empresa y con los administradores concursales, celebradas el 14 de diciembre del 2011 y el 17 de enero del 2012, estudió cómo arbitrar una solución a la paralización de la actividad de la empresa y autorizó, a través del Instituto Tecnológico Agrario, una ayuda de 4,5 millones de euros consistente en un préstamo.
El crédito estaba supeditado a la aportación de otros 4,5 millones de euros por parte de cinco entidades financieras -Banca Cívica, Banco Popular, Caja España-Duero, Natixis y Rabobank- para totalizar los nueve millones de euros de circulante necesarios para asegurar la actividad normal de la empresa. La ayuda del Gobierno regional fue imprescindible para que la empresa retomara su actividad a principios de año, después de haber estado parada varios meses por falta de recursos económicos, para adquirir materias primas y pagar los gastos de funcionamiento de la fábrica.
Ayuda necesaria
El juez reconoce este hecho en el auto dictado el 17 de febrero de 2012 y refiere exactamente: "Ha sido dicha ayuda de salvamento la que ha permitido conjurar el riesgo de colapso de la actividad empresarial de Seda". Por ello, desde la Consejería de Agricultura se cree que denegación de la venta de la unidad productiva de por el juez "repercutiría en el normal funcionamiento de la factoría y generaría una desatención de los actuales clientes que es la razón fundamental de su actividad".
Asimismo, señaló que con esta decisión judicial de no proceder a la venta de la unidad productiva, tal y como han solicitado los administradores concursales, "existe un peligro real de cese efectivo de la actividad productiva", perjudicando la conservación de los 315 puestos de trabajo directos de esta empresa en sus centros de Palencia, Villamuriel de Cerrato y Madrid.