A dos velas y sin visos de mejorar. El Gobierno ha prohibido a los ayuntamientos solicitar créditos para sus inversiones hasta el año 2012. Cree el Ejecutivo que las deudas de las entidades locales se han disparado en el último año aunque su déficit es inferior al del Estado o al de las Comunidades Autonómas. Las corporaciones locales deben ya casi 35.000 millones de euros. En Castilla y León la deuda de los ayuntamientos supera los 1.000 millones.

Los ayuntamientos no podrán pedir ni un euro hasta enero de 2012. El Gobierno les corta el grifo y les prohibe también que recurran a las entidades financieras. Según publica el BOE, que recoge las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado jueves para reducir el gasto público en 15.000 millones de euros, las administraciones públicas no podrán acudir al crédito público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para la financiación de sus inversiones.

El decreto también contempla que las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones transitorias de liquidez deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año.

El Gobierno fija también el destino de sus ahorros. El dinero que las entidades locales ganen con la reducción salarial de los trabajadores deberán dedicarlo a sanear su remanente de tesorería.

La deuda bancaria se había convertido en un recurso común. A finales de 2009 los ayuntamientos acumulaban una deuda de 35.000 millones de euros, un 10% más que el año anterior. Sólo 14 capitales redujeron su deuda en 2009. El mayor esfuerzo lo realizó Bilbao. En la Comunidad sólo se apretaron el cinturón Palencia y León.