En Castilla y León hay actualmente más de 50.000 estudiantes matriculados en ciclos de Formación Profesional, una cifra histórica que confirma que la FP ha dejado de ser una opción secundaria. El aumento de la demanda ha llevado a muchos alumnos a recurrir a centros privados ante la falta de plazas públicas.

 

El Gobierno ha anunciado que establecerá límites a la educación privada de Formación Profesional. El Ejecutivo asegura que el objetivo es garantizar la calidad de la formación y de las prácticas. Sin embargo, desde los centros privados muestran cautela ante la medida. “Si fuera por el camino de vigilar que la calidad de la formación que se hace en los centros privados sea buena, sería una ley bien acogida”, señalan desde el ámbito privado. Pero también advierten del riesgo de una supervisión excesiva: “Muchas veces el riesgo de estos anuncios es que se quiera reducir un mercado privado que está en alza”.

 

El crecimiento de la FP ha sido notable en los últimos años. Desde el sector privado apuntan que la oferta pública no siempre responde con la misma rapidez a las necesidades del mercado laboral. “La formación pública siempre va mucho más lento que el mercado”, aseguran.

 

También los centros concertados defienden su labor. “Cumplimos con todas las autorizaciones administrativas y con la nueva ley de FP. El 90% de los que quieren trabajar acaban trabajando de lo que se están formando”, explican.

 

La intención del Ejecutivo es que tanto la formación como las prácticas mantengan estándares de calidad elevados. Desde los centros subrayan su vínculo con las empresas. “Tienen siempre un contacto directo a lo largo de todo el curso y de toda nuestra formación con esas empresas, tanto en primero como en segundo”.

 

Un trabajo que aseguran llevan desarrollando desde hace décadas y que, insisten, no debería verse empañado por casos aislados.