La convocatoria anticipada de elecciones y la consecuente disolución de las Cortes Generales ha provocado el decaimiento automático de decenas de iniciativas legislativas que se encontraban en plena tramitación parlamentaria. A excepción de los dos reales decretos leyes sobre materia de vivienda publicados recientemente en el Boletín Oficial del Estado —que seguirán una tramitación de urgencia—, el resto de los proyectos normativos que no han completado su circuito parlamentario quedarán extinguidos con el fin de la legislatura.

Iniciativas clave y acuerdos territoriales en el limbo

Entre los textos que quedan sin efecto destacan los compromisos acordados para garantizar el apoyo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya. Con el cierre del periodo de sesiones decaen formalmente la reforma de la financiación autonómica, la condonación de la deuda a las comunidades autónomas y el traspaso del IRPF a Cataluña, dejando paralizado el diseño de la denominada financiación singular.

Tensiones en el ámbito judicial y sanitario

La extinción de iniciativas afecta asimismo a la conocida como 'ley Bolaños', cuyo planteamiento de otorgar la instrucción de las causas penales a la Fiscalía había generado protestas expresas entre sectores de la magistratura y el estamento fiscal. Paralelamente, el ámbito sanitario observa la suspensión del nuevo estatuto marco de los profesionales sanitarios y de la reforma de la ley antitabaco, en un contexto en el que el colectivo médico ha optado por desconvocar los paros previstos.

Parón a la agenda social, educativa y de seguridad

El censo de normas extinguidas abarca de igual modo la prestación universal por crianza, la ley de familias y el marco de protección de menores en entornos digitales, que planteaba restringir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años. En materia de Igualdad, la Ley de Violencia Vicaria y la reforma constitucional para blindar el aborto quedan congeladas, al igual que el reconocimiento como profesión de riesgo para la Policía Nacional y la Guardia Civil, un texto cuya tramitación había sido prorrogada hasta en 78 ocasiones en la Mesa del Congreso.