Rubén de Vicente
El rechazo definitivo al Real Decreto Ley sobre vivienda en el Congreso de los Diputados ha provocado una reconfiguración del panorama político. La falta de apoyos para la norma ha acelerado los reproches parlamentarios y encendido las alarmas en el Ejecutivo. Desde la tribuna de la Cámara Baja, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido a los grupos que votaron en contra de que la evolución histórica examinará su decisión parlamentaria con mayor prontitud de la prevista. Por su parte, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha replicado que la acción gubernamental responde únicamente a intereses demoscópicos y no al beneficio directo de la ciudadanía.
Creciente malestar social por la vivienda
A la fractura legislativa se le une un clima de constante contestación social promovido por la carestía del mercado inmobiliario. Las protestas ciudadanas han repuntado tras episodios de desalojo con un alto impacto mediático, como el vivido recientemente por una anciana en Madrid, lo que ha servido de catalizador para nuevas concentraciones bajo consignas contra la especulación inmobiliaria. Este malestar se ha convertido en uno de los frentes más vulnerables para el Ejecutivo en la antesala electoral.
Frentes fronterizos y complicaciones en los tribunales
En el ámbito de la seguridad y el control fronterizo, las fuerzas policiales continúan con las labores de desmantelamiento de asentamientos provisionales en Ceuta, semanas después de los importantes flujos de entrada registrados durante la temporada estival. A este escenario de saturación logística se le suma la saturación judicial que acecha al entorno del presidente del Gobierno. Feijóo ha señalado que este calendario procesal mantiene paralizado el normal funcionamiento de la administración central. La fijación de fechas procesales en los tribunales madrileños para investigar presuntos delitos de tráfico de influencias, junto a otros avances en diferentes causas vinculadas a la formación gubernamental, dibuja un horizonte de alta volatilidad política.