El acceso a los servicios bancarios en los municipios pequeños de Castilla y León continúa siendo un reto estructural, aunque las últimas métricas muestran señales de alivio. Según el informe de inclusión financiera presentado por el Banco de España, la población sin acceso a servicios financieros presenciales en la comunidad disminuyó un 32%, pasando de casi 291.000 personas en 2021 a unas 198.000 en 2024.

Esta mejoría ha permitido que 114 municipios que se encontraban completamente desatendidos hace tres años dispongan ahora de alguna alternativa de atención. El cambio responde principalmente a la apertura de sucursales en localidades de más de 500 habitantes y al despliegue de las denominadas oficinas móviles u "ofibuses". Ambas medidas forman parte del protocolo firmado por las asociaciones bancarias en 2022 para mitigar los efectos del cierre masivo de sucursales tras la pandemia.

Alternativas con baja aceptación y perfiles de uso

Por el contrario, otras soluciones planteadas en el plan de inclusión, tales como la retirada de dinero en efectivo a través de oficinas de Correos o en las cajas de los supermercados, no han logrado el impacto previsto. Los analistas apuntan a que su escasa adopción puede deberse a la falta de conocimiento por parte de los usuarios o a una resistencia cultural ligada a la falta de confianza en estos canales no tradicionales.

Por otra parte, el informe del supervisor bancario analiza el comportamiento de la población inmigrante, concluyendo que su uso de los servicios financieros es muy similar al de los ciudadanos nativos. Las únicas variantes significativas se observan en un mayor uso de los canales de remesas y una menor contratación de tarjetas de crédito.