La fiscalización al Gobierno de España va mucho más allá de los debates cara a cara en las sesiones de control televisadas. Los diputados recurren masivamente a las preguntas con respuesta escrita, un mecanismo que acumula más de 40.000 peticiones en la presente legislatura, según un análisis de datos realizado por la plataforma Newtral. Aunque el Ejecutivo cumple formalmente con los plazos legales, la calidad de la información remitida genera un profundo malestar en la oposición.

El reglamento otorga al Gobierno un plazo de 40 días para contestar y el estudio estadístico refleja que se responde a más del 98% de los requerimientos dentro del periodo establecido. Sin embargo, los parlamentarios critican la falta de concreción. Elvira Velasco, diputada por Zamora y una de las figuras más activas del Congreso con más de 6.000 iniciativas registradas, se muestra tajante ante esta situación: "Es una tomadura de pelo. Muchas veces nos remiten a páginas web que estamos acostumbrados a verlas o a informes que no tienen nada que ver".

Sanidad y Seguridad centran el control parlamentario

El foco de la actividad parlamentaria mediante este formato se concentra en tres grandes áreas sectoriales. Según detalla María Díaz, periodista de Newtral, Sanidad lidera el interés con más de 5.500 preguntas, seguida de cerca por Seguridad (en torno a las 5.000) y Asuntos de Personal (unas 3.500). Aunque existen picos de demanda vinculados a la actualidad nacional, como el denominado 'caso Koldo', los diputados emplean habitualmente esta herramienta para fiscalizar problemas de carácter local que afectan a sus circunscripciones.

Por otra parte, si una pregunta es ignorada, el procedimiento contempla que puede transformarse en una comparecencia oral en comisión, un recurso que requiere la reclamación del propio diputado y que actualmente se encuentra infrautilizado. Jorge Martín, periodista de datos en Newtral, explica que de las 40.000 preguntas analizadas "solo en 20 ocasiones los diputados han reclamado al gobierno una nueva respuesta". Esta falta de insistencia formal provoca anomalías en los tiempos de control, detectándose, según apunta Martín, "preguntas que llevan sin responderse más de 800 días sin haberse transformado en otros procedimientos".