La nueva convocatoria de ayudas al sector audiovisual de Castilla y León ha abierto un enfrentamiento entre la Junta y el Gobierno central. La Consejería de Cultura pretende excluir de las subvenciones los proyectos que, a su juicio, supongan un adoctrinamiento ideológico. Una medida que el Ministerio de Cultura considera una posible forma de censura y que ha anunciado que recurrirá ante los tribunales.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha rechazado tajantemente las nuevas condiciones para acceder a las ayudas públicas. “Me parece que eso es absolutamente inaceptable y quiero decirlo de una forma muy clara. Yo, como ministro de Cultura, no voy a tolerar que ninguna administración de nuestro país trate de ejercer la censura a través de las convocatorias de apoyo a la creación de nuestro país”, ha asegurado.

Desde la Junta, sin embargo, rechazan que se esté limitando la libertad de creación y defienden que el objetivo es garantizar la calidad de las producciones financiadas con dinero público. “No entendemos la polémica y, sobre todo, no entendemos desde ese punto de vista de la censura. Lo que hemos hecho ha sido eliminar cuestiones que limitan la libertad y la calidad, y eso es lo que desea el público. Y lo que no desea el público es que se financien proyectos con dinero público que no tienen calidad”, explica Alberto Díaz Pico, consejero de Cultura, Turismo y Deporte.

El Ejecutivo autonómico sostiene que será un comité de expertos el encargado de evaluar los proyectos audiovisuales y determinar cuáles cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria.

Por su parte, el Ministerio de Cultura ha anunciado que acudirá a los tribunales para recurrir la orden de subvenciones. Dos interpretaciones enfrentadas sobre los criterios que deben regir la concesión de ayudas públicas a la creación audiovisual.