El proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes en España, en vigor desde abril de 2026, avanza de manera normalizada tras superar una fase inicial de saturación informativa que dejó más de 200.000 solicitudes a nivel nacional.
Actualmente, la solicitud de citas se desarrolla sin incidencias y las entidades sociales han comenzado a expedir los informes de vulnerabilidad requeridos. El principal escollo para los solicitantes está siendo la obtención del certificado de antecedentes penales en plazo, motivo por el cual muchos usuarios están delegando esta gestión en el propio Gobierno de España.