El talento joven de Castilla y León ha llegado a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Samuel Peláez Martón, un abogado burgalés de 25 años y doctorando en la Universidad de Burgos (UBU), ha visto cómo sus estudios académicos se integran en el proyecto de la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

Lo que comenzó como un Trabajo de Fin de Grado (TFG) sobre la prisión provisional, que ya le valió un reconocimiento de la Universidad Autónoma de Madrid, ha terminado siendo una referencia legislativa. Peláez descubrió por sorpresa que su texto figura en la documentación oficial para la reforma de la ley.

Alternativas a la prisión

La propuesta central de Peláez se basa en evitar la automatización de la prisión provisional, que muchas veces se dicta por la denominada "alarma social". En su lugar, el joven jurista aboga por:

• Medidas tecnológicas: Implementar la geolocalización como alternativa menos restrictiva.
• Respeto a los derechos: Garantizar la presunción de inocencia y que la prisión sea una medida excepcional y proporcionada.
• Compensación económica: Establecer criterios claros para indemnizar a quienes sufren una prisión provisional injusta.