La organización ecologista Greenpeace considera que la reforma energética "no debe ser impuesta por las eléctricas sino consensuada, por lo que exige al Gobierno que "no ceda al chantaje de Endesa e Iberdrola", compañías propietarias de la central nuclear de Garoña, para eludir los impuestos que la futura Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

La organización ecologista entiende que Nuclenor ha declarado que el cierre adelantado de Garoña obedece a esta razón, y esto incrementaría las actuales pérdidas económicas "hasta el punto de llevar a la empresa a la quiebra. "No es función del Gobierno velar por los beneficios empresariales de esta industria, perjudicando con ello los intereses generales" ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace.

Asimismo, Greenpeace denuncia la "prepotencia de la compañía" al afirmar que el cese definitivo de la explotación, antes del 31 de diciembre, podría revertiese si no se acabase promulgando la Ley. Las facultades en este proceso de cierre, que está en marcha y es definitivo, las tiene el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Esta institución depende del Parlamento, de manera que, según la organización ecologista, esta declaración "destapa en toda su crudeza la situación de dominación de estas compañías sobre el mercado eléctrico falsamente liberalizado por ley, sobre el Gobierno de España, y sobre el máximo órgano de representación que es el Parlamento".

Finalmente, la organización ecologista señala que la reforma energética que se necesita "debe evitar estos chantajes, para ello es necesario que se termine con el oligopolio del mercado eléctrico" y se separe la generación, distribución, y comercialización eléctrica; que las tarifas cubran todos los costes, incluidos los ambientales para dejar de seguir incrementando el déficit de tarifa, que se impidan las compensaciones a las compañías eléctricas, y que el modelo energético que se persiga sea un modelo inteligente, eficiente y 100 por ciento renovable.