Los registros de la Diputación de León y del Ayuntamiento de Cuadros recibieron esta mañana sendos escritos en los que el todavía presidente de la institución provincial y regidor, Marcos Martínez, presenta sus renuncias a ambos cargos -el primero lo ostenta desde el pasado 30 de mayo y el segundo desde hace 23 años-, al tiempo que anuncia que no abandona sus respectivas actas, es decir, que se mantiene como diputado provincial y alcalde. Además, Martínez, ha solicitado su baja en la militancia del Partido Popular.

Con estas actuaciones, el encarcelado por la Operación  Púnica sobre anticorrupción, despeja el camino para que se agilice la renovación institucional en el liderazgo de ambas instituciones, aunque se mantiene tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento. En el primer caso, pasará a formar parte del grupo de diputados provinciales no adscritos, que ya integran otros dos en la actualidad. De esta forma, el grupo 'popular' pasará a tener 14 integrantes y mantiene la mayoría absoluta.

Con el paso dado hoy, y una vez que Marcos Martínez, deje de ser miembro del PP por voluntad propia, la Diputación de León prepara ya la renovación de su organigrama en el equipo de gobierno para resolver el nombramiento del alcalde de Valdelugueros, Emilio Orejas, como nuevo presidente y reorganizar las áreas de gobierno y las asignaciones de las respectivas comisiones informativas. La renuncia de Martínez se llevará a Pleno en la institución provincial mañana mismo.

En el caso del municipio de Cuadros, donde cinco de los seis ediles que le acompañaban en el equipo de gobierno también abandonan el PP, Martínez se mantentrá como concejal y falta por definir quién asumirá el bastón de mando.

En los escritos remitidos a las instituciones desde la prisión en la que permanece, recalca que es “totalmente inocente de los cargos que se me imputan en el Auto del Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid” y añade que su situación procesal “es injusta, y seguiré proclamando mi inocencia en todo momento, considerando que no se me puede achacar la realización de ninguna actividad ilícita penal”. Concluye que “teniendo en cuenta mi injusta situación y para no perjudicar el normal desarrollo de las instituciones” lleva a efecto sus dimisiones y renuncias pero mantiene sus respectivas actas.