La Junta de Castilla y León abogó este jueves por una nueva ley del aborto en la que esté "a gusto" una mayoría y no cree "tensiones sociales", tras la presentación del anteproyecto de modificación de la normativa de 2010 por el Gobierno, que ha motivado un debate y criticas en el seno del PP, aunque los presidentes autonómicos que hablaron ayer en el comité ejecutivo nacional, entre ellos Juan Vicente Herrera, han pedido diálogo y consenso.

"Hay que intentar, sabiendo que hay posiciones distantes, el mayor grado de apoyo social", afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio De Santiago-Juárez, quien añadió que el Gobierno "está legitimado" para aprobar esa iniciativa.

Tras recordar que es aun un anteproyecto, apostó por una nueva normativa que concite el "mayor grado de apoyo social", en el que la mayoría esté "a gusto" y en el que no se creen "tensiones sociales", para después criticar que la ley de 1985, que no revisó el Gobierno de Aznar, se cambiara por el "caprichoso" del anterior Ejecutivo de Rodríguez Zapatero.

En tal sentido, censuró que en 2010, en un año difícil de la crisis económica, y sin que "nadie" lo pidiera, el anterior Gobierno modificara una ley sobre un asunto "pacificado" con la anterior norma de 1985, que "el PP no toca" al llegar a La Moncloa en 1996. "La idea es buscar el más amplio acuerdo social, otra cosa es el político", afirmó el portavoz, que recordó que "nunca" ha existido un acuerdo político sobre esa ley.