Son los padres de Kira y de Alejandro. Se suicidaron con quince y diez años porque no podían soportar el acoso escolar que sufrían. Han llevado 230.000 firmas al Congreso de los Diputados para que haya una legislación específica contra el bullying y que se establezcan consecuencias penales para los centros educativos que sean negligentes.

"El acoso escolar, cuando las consecuencias son graves, tiene que ser considerado delito si un colegio no hace nada cuando a un niño lo amenazan de muerte", denuncia José Manuel, padre de Kira.

Reclaman más recursos y más prevención, por ello quieren que existan medidas para detectar ideas suicidas en los centros educativos porque, "no es normal que un niño como Alejandro con diez años o mi hija con quince decidan que no merece la pena vivir", explica.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha matizado que estas señales ya aparecen "de forma transversal" en Ley de Educación y la Ley de Infancia. Ha destacado que la primera obligación que tiene cualquier Gobierno y "por su puesto" también el Congreso de los Diputados es "es escuchar lo que un número muy importante de familias están demandando". Asegura que no descarta tomar más medidas tras analizar las propuestas de los padres, pero señala que el Gobierno ya ha legislado 

En Castilla y León los casos de acoso y ciberacoso han vuelto a crecer

El último año. En 2021-2022 se registraron 139 en total, frente a los 113 del curso anterior. En la mayoría se produjeron en la franja educativa de la ESO. Hoy en Valladolid, Policía Nacional y Guardia Civil han celebrado una jornada sobre la importancia de convocar charlas en los colegios para frenar este tipo de violencia que sufren los jóvenes en mayor o menor medida.

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