La Sección Sindical de UGT en Caja de Ávila considera que la entrada de Bancaja en el Sistema Institucional de Protección (SIP) que lidera Caja Madrid puede "plantear problemas" en materia de empleo, sobre todo por el "solapamiento" de oficinas que puede producirse en la zona de Levante.
Desde UGT, formación que cuenta con un mayor número de delegados en la entidad, se considera, no obstante, que "hay que mirar números", según indicó Javier Sánchez, secretario de la Sección Sindical de esta organización, poco después de conocer el anuncio de la entrada de Bancaja en el proceso de integración que se lleva a cabo entre Caja Madrid, Caja de Ávila, Caja Segovia, Caja La Rioja, Caixa Laietana y Caja Insular de Canarias.
"De entrada, parece complicar la situación", recalcó Javier Sánchez, quien incidió, por otra parte, en que el aplazamiento hasta el lunes del Consejo de Administración que Caja de Ávila iba a celebrar este viernes servirá para "estudiar", durante el fin de semana, las "nuevas condiciones de participación" que se presentan en un grupo que antes era de seis y ahora estará integrado por siete entidades de ahorro, convirtiéndose en el primero de España en activos, con 340.000 millones de euros, pues a los 191.000 millones del SIP de las seis cajas se sumarían los 111.500 millones de euros de la tercera caja del país, después de La Caixa y Caja Madrid.
Un representante
El secretario de la Sección Sindical de UGT en Caja de Ávila añadió que "hay que repartir de nuevo las cuotas de participación" y también "hay que mirar números", aunque la integración con otra entidad "de las grandes" era una posibilidad que "ya se había barajado" y, "en principio", no tendría por qué afectar a la representación de las cajas, que contarán con un representante en el Consejo de Administración durante los próximos cuatro años. Pasado este periodo, se renegociaría la situación de las entidades.
Para UGT, sin embargo, lo "primordial" es el empleo, de manera que desde la organización se insiste en conocer, ante "cualquier" proceso de negociación, de qué forma afectará a las plantillas –Caja de Ávila cuenta con 632 trabajadores repartidos en sus oficinas de Castilla y León (Ávila, Salamanca y Valladolid), Madrid y Castilla-La Mancha (Guadalajara y Toledo)- y que, de tener que prescindir de empleos, no se rescindan contratos con "bajas traumáticas", es decir, despidos, sino a través de bajas incentivadas y prejubilaciones.
De la misma forma, confían en poder conocer, "cuanto antes", el plan de integración, para conocer la viabilidad del proyecto, así como los objetivos de negocio, a qué se va a dedicar el nuevo grupo.