Siete tomos con las investigaciones y actuaciones practicadas el día de los hechos, junto a decenas de denuncias, esperan en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Arenas de San Pedro (Ávila) la detención del culpable o culpables del incendio que se declaró el 28 de julio de 2009 en el Bajo Tiétar.

A las 13.21 horas de ese día comenzaba a arder el primer foco en las inmediaciones del santuario de San Pedro de Alcántara y a las 13.39 se declaraba un segundo foco a medio kilómetro de distancia.

Aquel incendio, que durante dos días se cobró la vida de dos personas y cuyas llamas arrasaron 4.211,74 hectáreas de siete municipios, ha marcado durante este año la vida de los vecinos de esta zona privilegiada del sur de la provincia de Ávila.

El municipio más afectado fue el de Cuevas del Valle (559 habitantes), que perdió 1.480 hectáreas, es decir, el 80% de su término y el 93% de su bosque.

Las obras de reparación de los destrozos y los trabajos inmediatos para impedir que el arrastre de las lluvias ocasionara problemas en el abastecimiento de agua a los municipios, protagonizaron las primeras actuaciones de las administraciones.

Después, junto a las denuncias de los afectados y la tramitación de las ayudas por parte de las administraciones, llegaron los trabajos de extracción de la madera que quedó arrasada durante este fuego.

Una vez agotadas todas las diligencias por la vía penal sin obtener datos acerca del culpable o culpables de iniciar el fuego, el Juzgado de Arenas archivó provisionalmente el caso el pasado mes de noviembre, a la espera de que el surgimiento de pruebas permita su reapertura.

Mientras tanto, siete tomos repletos de decenas de denuncias, en los que también figuran las actuaciones practicadas y las investigaciones tras la tragedia, esperan un año después en las estanterías de los juzgados la existencia de nuevos datos que puedan determinar un culpable.

Así lo han explicado fuentes próximas a la investigación, que insisten en que la falta de un responsable de lo sucedido obliga a cerrar el procedimiento penal, si bien los afectados pueden recurrir a la vía civil o administrativa, que también puede resultar "complicada sin un autor".

Por el momento, nadie ha optado por este camino en este caso para el que las responsabilidades penales prescriben a los diez años, según dichas fuentes.

El último movimiento a través de la vía judicial lo protagonizó el pasado enero la hija del primero de los fallecidos en el incendio, que recurrió el sobreseimiento de la causa.

La representación de la hija del fallecido reclamó más diligencias relacionadas con las llamadas efectuadas al 112, con el tiempo de respuesta por parte de los servicios de extinción, con el personal que acudió, con la coordinación y otras cuestiones relacionadas con la propiedad de los montes.

El juzgado desestimó el recurso, al considerar que se trata de una investigación penal, al igual que hizo posteriormente la Audiencia Provincial a mediados de marzo por motivos similares.

El subdelegado del Gobierno en Ávila, César Martín, ha comentado que las investigaciones no se han cerrado y que en estas fechas las fuerzas de seguridad están muy atentas a la posibilidad de que algunos de los incendios que se declaren en el Valle del Tiétar tengan un origen similar al de hace un año.

"Cualquier parecido se sigue investigando", ha argumentado, antes de insistir en que si existen este verano incendios similares en la zona, "esa pista se seguirá aún más este año", aunque por el momento no hay datos nuevos.