El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, acusó al secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, de practicar "un chantaje político" en la negociación del Plan de Convergencia Interior y tachó de "falta de vergüenza" que "saque pecho con las inversiones del Gobierno en Castilla y León el mismo día que se ha conocido que la Comunidad sufre el mayor recorte de inversión en infraestructuras de España".

De este modo José Antonio de Santiago Juárez contesta a la carta enviada por Gaspar Zarrías en la que pide a la Junta que aclare sus proyectos del Plan de Convergencia.

Así, el titular de la Presidencia rechaza los argumentos de Zarrías acerca de que su ausencia de la última reunión del grupo de trabajo sobre infraestructuras se deba a que no es miembro del citado órgano. "Zarrías vino a la reunión de septiembre y su equipo pidió que se retrasase la reunión para no hacerla coincidir con el debate del Estado de la Nación", señaló De Santiago Juárez, quien dijo que, en vez de acudir a este encuentro prefirió ir a inaugurar una piscina a Segovia, lo que considera "un desprecio al pueblo de Castilla y León".

El consejero de la Presidencia recuerda a Zarrías que el documento de bases acordado entre la Junta y el Gobierno sobre el Plan de Convergencia recoge que el Ejecutivo central aportará a esta iniciativa 150 millones en forma de transferencia finalista, "algo que no ha cumplido" y, frente a ello, somete a la Comunidad "a un chantaje político" para que se acuerden los proyectos con el PSCyL, "cuando las relaciones deben producirse entre instituciones".

"Un secretario de Estado nos intentan imponer que pactemos con el PSCyL cuando los acuerdos deben producirse entre dos gobiernos", explicó José Antonio de Santiago, quien quiso dejar claro que la Junta rechaza lo que denomina "doctrina Zarrías".

No obstante, José Antonio de Santiago recordó que se ha intentado negociar con el PSCyL, pero que se decidió actuar cuando "nos cansamos de contradicciones". "Un día dijeron que había que emplear el dinero en un plan de empleo; otro, en un plan de empleo joven y, después, en los hospitales", señaló para afirmar que en "ningún lugar" del acuerdo de septiembre figuraba esta cuestión.

En el citado pacto tampoco figuraba que la Junta debiera presentar al Gobierno su plan de infraestructuras, si bien recordó que el Gobierno regional enviará a finales de julio una propuesta de convenio al Ejecutivo central, con el borrador del proyecto para ejecutar los 150 millones de los Presupuestos Generales del Estado.

En este sentido, explicó que convenios similares se firman con Cataluña y Baleares a finales de año "y eso no supone que estén en peligro las inversiones previstas". "No hay ninguna peligro para los proyectos si hay voluntad política de desarrollarlos y si no se quiere tratar a la Comunidad peor que a otras como Cataluña o Baleares", insistió De Santiago Juárez.

El consejero de la Presidencia llamó la atención sobre al anexo que figura al final de la cara enviada por Zarrías en el que se detallan las inversiones que el Gobierno central está realizando con cargo al Plan de Convergencia y que calificó de "chiste": "son obras obligadas por otros acuerdos, como el Plan de Calidad de las Aguas, que se han introducido aquí", señala y pone como ejemplo que el proyecto con mayor presupuesto -8,6 millones de euros- sea la estación depuradora de Burgos, "que es la ciudad que más ha convergido con la renta europea de Castilla y León".

En este sentido, señaló que el Gobierno "cada vez que mira a la Comunidad es para perjudicarla: con el cierre de Garoña, mil empleos menos; con la minería, 5.000 empleos en peligro o con el recorte de infraestructuras, que se llevará entre 7.000 y 8.000 empleos".

De Santiago Juárez acusó también al secretario de Estado de "deslealtad política" por dar a conocer una carta "en la que en cada párrafo hay una mentira". "No fueron tres los miembros del Gobierno que acudieron a la reunión con la Junta, sino cinco y él participó en otras reuniones similares, luego puede participar en este encuentro".

Asimismo, rechaza el argumento de Zarrías de que la Comunidad es la que recibe mayor inversión per capita "porque el Estatuto utiliza siempre el criterio de extensión territorial" e insistió en que "a los ciudadanos les interesa poco la relación epistolar entre administraciones y más que se les resuelvan sus problemas".