El colectivo de las personas discapacitadas ha sido uno de los más afectados por la pandemia y piden recuperar muchos de los derechos que han perdido: "Se han tenido que suprimir los paseos terapéuticos, tan necesarios para algunas discapacidades y que les acomoda en una rutina", explica el presidente de CERMI en Castilla y León, Juan Pérez Sánchez. Además, la estrategía de vacunación ha funcionado de forma diferente en centros de día, residencias y domicilios y eso ha supuesto que los cuidadores profesionales sí que estuvieran en el listado de vacunados, pero no cuando eran familiares. "Hemos conseguido que los que cuidan a los niños estén vacunado, pero no para los grandes dependientes si son personas mayores", indica en la entrevista de Cuestión de prioridades. A pesar de ello, destaca que el coronavirus apenas entró en las residencias porque cada profesional atiende a menos personas. 

Entre otras consecuencias de la COVID-19, la contratación en 2020 descendió un 30%. El presidente de CERMI cree que es un dato preocupante porque "el empleo es uno de los factores más inclusivos en la sociedad". Desde la organización reclaman también la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que exija cambios estructurales y elementales en las comunidades de vecinos donde haya personas mayores o con discapacidad: "Garantizar la accesibilidad, el desarrollo normal de la actividad de una persona con estas características y no producir aislamiento o falta de contacto social con otros", considera Juan Pérez Sánchez.