La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha trasladado a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que el Gobierno les transferirá en torno a 3.000 millones de euros como devolución de la liquidación del IVA del año 2017.
El pasado mes de mayo, el Tribunal Supremo dictó dos sentencias en las que obligaba al Estado a devolver a la Junta de Castilla y León y la Xunta de Galicia una parte de la liquidación del IVA. Ahora, Montero ha anunciado que aprobará una partida presupuestaria en el año 2022 para solventar este perjuicio económico.
El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha dicho que "no le parece mal" que la cantidad llegue en 2022 y ha destacado la "generosidad y la lealtad" de la Comunidad, porque a raíz de su demanda en el TS y a la sentencia favorable, se ejecutará la devolución para todas las autonomías españolas, una "buena contribución" de la Comunidad al sostenimiento de los servicios públicos a los ciudadanos de todo el territorio nacional.
En esta misma reunión, el consejero ha exigido a la ministra la creación de un nuevo fondo COVID no reembolsable para las autonomías en 2022, porque el año que viene deberán seguir afrontando gastos extraordinarios vinculados a la pandemia. Carriedo ha explicado que al igual que en 2020 se destinaron 16.000 millones al fondo COVID para las autonomías y en 2021 se dotó este instrumento con 13.500, el año que viene se debería generar un nuevo fondo, porque Castilla y León deberá contratar 1.300 docentes para mantener las medidas implantadas en las aulas frente a la pandemia y tendrá que mantener los dispositivos sanitarios para la administración de vacunas ante la previsión de que serán necesarias más dosis.
El consejero advirtió, no obstante, que ese fondo no debe estar condicionado en las cuantías que reciba la Comunidad al abono del IVA comprometido. "Seguimos exigiendo la existencia de un fondo COVID para financiar los gastos de la pandemia en 2022", afirmó el consejero, que añadió que no existe "justificación alguna" para eliminar este fondo el próximo ejercicio por tener que abonar el IVA pendiente de 2017 a los ciudadanos.
"Se nos tiene que pagar el IVA y se nos tiene que financiar el fondo COVID", reiteró. "No entendemos en modo alguno que el fondo COVID desaparezca sobre la base de tener que pagar un IVA que es el cumplimiento de una sentencia que se debe a los ciudadanos de esta comunidad autónoma", apostilló.
Desequilibrio en el déficit
Carlos Fernández Carriedo manifestó asimismo que espera que la cuantía que reciba Castilla y León el año que viene atienda a sus demandas de 182 millones de euros, a los que se sumarán lo intereses desde abril, con 455.000 euros a favor de la Comunidad, cada mes.
Por otra parte, el consejero indicó que Montero informó a las autonomías de las previsiones realizadas por el Gobierno de déficit público, que se reducirá en 2022 al 6%, desde el 8,4% con el que prevé cerrar 2021, mientras que en el caso de la deuda espera que se reduzca del 120 por 100 de 2020 al 119,5 en 2021 y al 115,1 en 2022.
Por administración, precisó, el Ejecutivo prevé que el déficit de la Administración central sea de 3,9 puntos, mientras atribuye 0,6 puntos a las comunidades autónomas y 0,5 puntos a la Seguridad Social, con equilibrio presupuestario para las corporaciones locales.
En este sentido, Carriedo criticó un año más el "enorme desequilibrio" en el reparto del déficit entre el Gobierno y las autonomías, cuando con las comunidades las que prestan los servicios y asumen el grueso del gasto público. El consejero pudo de relieve el esfuerzo además, que supone reducir a la mitad el objetivo de déficit desde el 1,1 por ciento de este año al 0,6 por ciento para 2022 y adelantó que la Junta irá "a esa tasas de referencia" en sus cuentas para el año que viene.