El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, enviará una carta, al del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para instarle a que "defienda hasta el último momento" el carbón de la Comunidad, al que la Comisión Europea ha colocado "en el corredor de la muerte", con más de 4.000 empleos amenazados.
Los argumentos que incluirá la misiva se han cerrado en el Consejo de Gobierno de hoy, que ha mostrado su "absoluto desacuerdo" con la propuesta de Reglamento del Consejo en materia de ayudas estatales para el cierre de minas del carbón no competitivas antes de octubre de 2014, lo que va en contra de "los intereses del carbón español", ha recordado el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el también consejero de la Presidencia ha criticado que además esta propuesta se ha gestado durante la presidencia de turno de española de la UE.
La propuesta "no se ha improvisado en veinte días" sino "bajo la presidencia de España", con el "consentimiento" y "conocimiento" de la presidencia española y con Joaquín Almunia como comisario europeo de Competencia.
Al menos ocho son los argumentos que plantea la Junta de Castilla y León en el documento que ha suscrito hoy el Consejo de Gobierno en contra de la propuesta aprobada por la Comisión Europea, entre los que figura la seguridad del suministro energético de España y la necesidad de un mínimo de abastecimiento con carbón autóctono.
La necesidad de mantener una reserva estratégica de carbón, clave en la seguridad del suministro energético; el mantenimiento del liderazgo tecnológico español en extracción y generación limpia con carbón; las inversiones realizadas por las empresas que producen esa reserva, lo que no sería coherente suprimir las ayudas a la producción, son otros de los argumentos.
Los estudios demuestran que el coste de la desaparición de la industria del carbón, con más de 4.000 empleos en Castilla y León y 10.000 entre esta Comunidad y Asturias, es superior al de su mantenimiento, arguye el Gobierno autonómico, que concluye que España "debe dar por concluida su reestructuración y apostar por la estabilidad del sector al menos en sus volúmenes actuales".
La Junta de Castilla y León sostiene que la nueva regulación debe permitir sustituir las ayudas regresivas del actual reglamento por su no incremento siempre que "la relación entre el coste de extracción y precio de venta lo justifique".
"Por tanto, debe rechazarse frontalmente condicionar las ayudas a que se tengan que inscribir en un plan de cierre", y se debe mantener "un Reglamento de ayudas específicas a la industria del carbón que constituya un marco estable para su desarrollo, presidido por el principio de reserva estratégica" y "no condicionado al contexto de un plan de cierre".
El portavoz ha lamentado que la defensa del carbón no haya sido una prioridad en la presidencia española de la Unión Europea pese a su reiterado apoyo, y que actualmente el sector se encuentre en una "situación crítica, donde no se utiliza el carbón en las térmicas desde enero de 2009".
Además, no se admite carbón desde julio de ese mismo año, el almacenamiento estratégico no funciona desde febrero de 2010 y sólo el adelanto de las ayudas de este año permite sobrevivir a las extractoras hasta el próximo mes, por lo que urge que el Gobierno realice "una acción firme y contundente", para remediar una situación abocada a cierres y expedientes de regulación de empleo.