El Consejo de Cuentas de Castilla y León remitió para su aprobación a las Cortes regionales el proyecto del Plan Anual de Fiscalizaciones (PAF) para 2017, una vez acordado por el Pleno de la institución. Un órgano que incide en la necesidad de la realización de auditorías operativas y el análisis del sector público local como la gestión del transporte escolar y la Fundación Siglo, entre otras.

El Consejo de Cuentas incluye en los últimos planes auditorías operativas para analizar la eficiencia en áreas de gasto con especial incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos. Un comunicado de la entidad recuerda que, inicialmente, se estudió la gestión del gasto farmacéutico en los hospitales públicos de la Comunidad; actualmente está en curso la fiscalización de la Renta Garantizada de Ciudadanía y se mantiene la referida a los sistemas de adquisición de material sanitario en la atención especializada. En 2017, se incluye como novedad la gestión del servicio de transporte escolar en los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación.

Otras de las novedades será la fiscalización de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León. Por otra parte, y debido a la importancia de la figura del aval, se incluye un informe separado del relativo a la Cuenta General de la Comunidad, de forma que pueda realizarse un análisis más exhaustivo de los riesgos contraídos y de su forma de gestión.

En cuanto a las fiscalizaciones en coordinación con el Tribunal de Cuentas, como las últimas realizadas sobre las universidades públicas o las encomiendas de gestión, se introduce una referida a los procesos de extinción de entidades de la Comunidad como consecuencia de la reestructuración de su sector público.

En relación al sector público local, se propone continuar con la fiscalización de las capitales de provincia que, en esta ocasión, afectará a los ayuntamientos de León y Valladolid, después de haber analizado a Palencia y Ávila.

Por otra parte, seguirán los análisis de los acuerdos contrarios a reparos de los interventores en las entidades locales de la Comunidad. Se trata de una iniciativa surgida en coordinación con el Tribunal de Cuentas y el resto de órganos de control externo autonómicos, a partir de la reforma en esta materia introducida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Además, con el fin de culminar el conjunto de trabajos sobre la rendición de la cuentas de las entidades locales y proporcionar una visión general sobre las circunstancias en que se realiza, se añade la fiscalización de los servicios de asistencia técnica de las diputaciones provinciales.