Tras las críticas suscitadas por uno de los puntos de la Ley Montoro, que obligaba a los ayuntamientos de menos de veinte mil habitantes a contratar los servicios de un tesorero profesional, el Gobierno ha dado un giro a esta medida: ahora será el secretario interventor de cada ayuntamiento el que realice las labores de tesorería.

El Ministerio ya se ha puesto con contacto con las Diputaciones para que sean estas las que informen a los ayuntamientos del nuevo cambio.