Hasta hace cinco años, un juez era el encargado de validar si una persona tenía el nivel de integración necesario para optar a la nacionalidad española. Un sistema poco homogéneo que cambió en 2015, cuando el Ministerio de Justicia encargó al Instituto Cervantes la creación de dos examenes para unificar los criterios.

Todas aquellas personas que proceden de países en que el español no es lengua oficial tienen que aprobar el DELE, el primero de esos dos exámenes. La segunda prueba es el CCSE, al que deben presentarse todos los aspirantes a conseguir la nacionalidad, incluidos los de países hispanohablantes. Aquí se piden conocimientos más avanzados sobre nuestro país. El portentaje de aprobados es alto, llegando al 95%.

Desde 2015 se ha presentado 150.000 candidatos al DELE, 3.800 de ellos en Castilla y León y 400.000 al CCSE, 11.500 en nuestra Comunidad.