La banda terrorista ETA sometió a miles de empresarios a una prolongada red de chantaje económico en España. Uno de los casos más impactantes fue el del empresario soriano Emiliano Revilla, secuestrado durante 248 días por la organización armada. Su liberación solo se produjo tras el pago de un rescate de mil millones de pesetas en febrero de 1988, convirtiéndose en un símbolo de la presión sufrida por el sector privado.

Además de los secuestros, la violencia se articuló a través del denominado impuesto revolucionario, "una trampa lingüística que sembró el miedo entre centenares de industriales". En Castilla y León, periódicos de los años 2001 y 2002 reflejaron cómo las cartas de amenaza llegaban a figuras clave del tejido productivo, entre ellas el segoviano Tomás Pascual, fundador del Grupo Pascual, quien estuvo en el punto de mira de la banda.

Según datos recopilados por Covite, la cifra de afectados supera los 10.000 empresarios a lo largo de varias décadas. El sistema de extorsión no se limitaba a las exigencias pecuniarias; quienes se resistían a pagar afrontaban ataques a sus familias, daños en sus negocios e incluso disparos en las piernas y asesinatos cometidos para infundir terror.