Tres décadas después de la aprobación de la Ley de Vías Pecuarias de 1995, el desarrollo de la red nacional continúa prácticamente estancado. A pesar de haber transcurrido 30 años desde la previsión legal para su protección, la administración pública apenas se encuentra en la fase inicial de clasificación de estos caminos históricos.

Trámites administrativos interminables

El proceso legal exige tres etapas independientes: la clasificación de la vía, la apertura de un expediente de deslinde y, finalmente, el amojonamiento para fijar formalmente sus límites. La lentitud burocrática pone en riesgo la existencia física de los trazados, existiendo el temor de que para cuando concluyan los expedientes ya no quede terreno que delimitar.

Pérdida de trazado y valor ambiental

A la demora de las instituciones se le suma la presión histórica ejercida por las concentraciones parcelarias y la expansión urbanística. Pese a que vías de gran envergadura como las cañadas reales deberían contar con anchos de hasta 75 metros, las edificaciones consolidadas impiden la recuperación de muchos tramos. Las organizaciones ecologistas recuerdan que estas rutas son reconocidas como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Unesco y constituyen conectores ecológicos fundamentales, además de ofrecer espacio para usos sociales y deportivos.