El delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo Vicente, pidió hoy a los ayuntamientos la misma responsabilidad y "sentido de Estado y de España" que ayer solicitó al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, antes de la reunión del Consejo de Gobierno extraordinario. Además, ante una futura reforma laboral, instó a los empresarios y sindicatos a seguir estos mismos pasos.

Alejo salió así al paso de las declaraciones de diversos alcaldes de Castilla y León que han mostrado su indignación por el Real Decreto que les prohíbe pedir créditos a largo plazo hasta el año 2012. "En cada momento hay que tomar las medidas adecuadas. Esto no sólo pasa en España. Hay que mirar más arriba de la torre de la iglesia del pueblo y ver el horizonte, y que esto también pasa en Italia, Francia e Inglaterra", sentenció.

El delegado del Gobierno, que en todo momento defendió las medidas aprobadas por la Administración del Estado para reducir el déficit, también pidió a los distintos alcaldes y responsables políticos que acaben con los "dobles mensajes". "Hay que decir lo que hay que decir, desde la responsabilidad de los gobiernos, y no desde la de los partidos políticos. Eso hay que dejarlo para elecciones".

En este sentido, recordó que el Plan E se aprobó hace dos años para hacer frente a la situación de desempleo y que ha supuesto una inversión de 960 millones de euros y la generación de cerca de 50.000 puestos de trabajo. "En cada momento hay que tomar unas decisiones, y estás no serán las últimas", insistió, para recordar a los ayuntamientos que muchos –"lo han dicho sus alcaldes, como el de Valladolid"- han podido realizar obras de carácter social e infraestructuras que de otra forma hubieran sido imposibles. Además, el dinero se destinó a los proyectos que eligieron los respectivos municipios.

"Por tanto, el Gobierno de España ha atendido. Por eso, no se puede estar diciendo en Génova lo que dicta el partido y que ha sido un despilfarro, y aquí que está muy bien". "El Estado de las autonomías, compuesto y completo en la Constitución Española, exige que no sólo el Gobierno de España, sino también las autonomías y los municipios tomen medidas", sentenció Alejo.

En cuanto a las iniciativas adoptadas por la Junta (revisión de presupuestos en 2010 y 2001; reducción de un 10% de las ayudas y continuación de las infraestructuras y revisión de las pendientes), el delegado del Gobierno explicó que responden a lo que ha pedido el Gobierno de España y que son "razonables en función de sus competencias".

Funcionarios públicos

Por otro lado, Alejo defendió el papel de los 40.000 empleados públicos de la Administración General del Estado en la Comunidad, que realizan una "tarea fundamental", lo que no es contradictorio con la decisión del Gobierno de rebajar su salario en un 5%, ya que "todos tenemos que hacer esfuerzos solidarios con los parados".