El Ministerio Fiscal sostiene la existencia de un plan preconcebido para acabar con la vida de la que fuera presidenta del PP de León y de la Diputación Provincial por parte de las tres encarceladas por la muerte a tiros de Isabel Carrasco el pasado 12 de mayo. Así se concretó en la comparecencia de las partes que tuvo lugar durante la mañana de este viernes en los juzgados de la capital leonesa.
De esta forma, se mantiene el argumento de que tanto Montserrat González, como su hija Triana Martínez y la amiga de ésta, la agente de la Policía Local de León, Raquel Gago, habrían sido partícipes del crimen que segó la vida de la política leonesa. En la sesión celebrada hoy, en cumplimiento de la Ley del Jurado, estuvieron presentes todas las partes y se planteó ante la jueza la solicitud de la práctica de nuevas diligencias, que debe formalizarse en los próximos días y sobre la que ella decidirá.
En el caso de la defensa de la agente de policía Raquel Gago, esas diligencias tiene como objetivo demostrar que Raquel Gago es inocente y que la situación de bloqueo que dice haber sufrido después del suceso y que le llevó a tardar 30 horas en entregar el arma con la que se había cometido el delito está justificada pericialmente y que ella no participó en ningún tipo de plan.
Así lo detalló el abogado que representa a la policía, Fermín Guerrero, quien recalcó que se pretende “explicar puntos que creemos que a su señoría parece que no le quedan todavía claros y tendentes, fundamentalmente, a acreditar que no hubo ningún tipo de seguimiento hacia la víctima por parte de su representada”. “Siempre hemos mantenido su inocencia y que hubo una serie de circunstancias que están siendo interpretadas de una manera que entendemos que no está acreditada y con las prácticas de las diligencias llegará un momento en que la persona o personas que lo tienen que ver lo vean como nosotros y que Raquel es inocente”, explicó.
Mientras, su representada recibió con “total disgusto” la negativa más reciente de la jueza a atender la petición de puesta en libertad que hizo el abogado. “Con todo el respeto para su señoría, pero entendemos que no se justifica en el auto ni en las peticiones de las partes su permanencia en prisión. Ni debió entrar en ningún momento ni debe continuar pero es una cuestión tan subjetiva... la consideración de la interpretación de la interpretación de Raquel una persona lo puede ver en un momento y otra verlo totalmente diferente, por ejemplo, tal y como lo interpretó la Policía, que consideró que no había ningún tipo de riesgo de fuga y que la explicación que dio en su momento era coherente”, argumentó.
Declaración de hoy
En la jornada de este viernes declaró ante la jueza que instruye el caso la jefa de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, UDEV. Su testimonio discurrió en consonancia con la tesis que mantiend la defensa de Gago. “Fue ella la que decidió que quedara en libertad y ha dicho que la declaración de Raquel fue coherente; que es realmente lo que pensamos siempre, y que lo que hubo fue una participación casual”, concluyó Guerrero.
Tres delitos
Las tres mujeres están imputadas por los mismos tres delitos -homicidio, tenencia ilícita de armas y atentado contra la autoridad- y se deberá discernir el posible grado de participación de cada una de ellas por lo que las sentencias condenatorias podrían ser muy dispares o similares. De esta forma, existe la posibilidad de que Montserrat, que declaró que ella disparó a Isabel Carrasco, su hija Triana, que habría actuado como cooperador necesario y con quien habría preparado el ataque, y la agente, de policía a quien la juez que instruye el caso no creyó su versión de un encuentro casual con su amiga el día de los hechos, llegasen a recibir la misma pena. Otra posibilidad es que la hija y la policía recibiesen una condena menor si solamente se les considerase cómplices de ocurrido.
Las penas solicitadas para las presuntas responsables de la muerte de Carrasco podrían alcanzar, en el peor de los casos para ellas, hasta los 28 años de prisión. Eso ocurriría si se dictaminasen las condenas máximas tanto para los delitos de asesinato u homicidio-, penado con hasta 20 años de privación de libertad y el que condiciona que el juicio sea con jurado, como para los de atentado contra la autoridad y tenencia ilícita de armas. En cualquier caso, podrían salir de la cárcel con anterioridad como consecuencia de beneficios penitenciarios o de permisos que les pudieran conceder.