El presidente de la Federación Nacional de Empresario de Minas de Carbón (Carbunion) y del Grupo Alonso, Victorino Alonso, ha aceptado por conformidad haber defraudado en 1996 un total de 201.902 euros a Hacienda, delito por el que el fiscal inicialmente pedía para él 2 años de cárcel.

La vista, que estaba fijada para mañana en el Juzgado de lo Penal número 1 de León, se ha suspendido después de que las partes, fiscal y defensa, hayan llegado previamente a un acuerdo de conformidad, que, según han informado este miércoles fuentes judiciales, ha sido aceptado por el juez.

El acuerdo establece que Alonso deberá abonar a Hacienda los 201.902 euros que ha aceptado que defraudó a Hacienda en 1996, en concepto de IVA, además del recargo estipulado y los intereses generados desde entonces.

En cambio, se le conmuta la pena de 2 años de prisión, que pedía el fiscal, por una de multa, cuya cuantía no ha trascendido.

Antecedentes

En las calificaciones previas a la vista, el ministerio fiscal pedía dos años de prisión para el presidente de Carbounion como supuesto autor de un delito contra la Hacienda Pública, así como el pago de 201.902 euros que presuntamente defraudó a Hacienda en 1996.

Los hechos que se le imputaban, según la versión inicial del fiscal, se remontan a cuando Alonso era vicepresidente y consejero delegado de la sociedad Minerosiderúrgica de Ponferrada (MSP).

Por entonces, MSP adquirió a las sociedades Norfesa y Obricosa, compró diversa maquinaria de origen ruso y ucraniano supuestamente por precios "muy superiores" a los declarados en la aduana.

En estas operaciones, por valor conjunto de 1,95 millones de euros, el "verdadero" importador de la maquinaria era MSP, que al parecer utilizó las otras dos sociedades como testaferros con fines "elusivos en el IVA", según sostuvo el fiscal, que cifró en 201.901 euros la cota defrauda.

La operación, según la versión del fiscal, supuestamente fue dirigida "exclusivamente" por Alonso, que contrataba las sociedades importadoras o vendedoras, sin que sus respectivos administradores formales tuvieran "poder de decisión efectiva en las mismas".

La defensa negaba en un principio la comisión de los hechos y reclama la libre absolución del imputado.

Sin embargo, tras el acuerdo de las partes, en el que el empresario aceptaba el pago del IVA defraudado, la vista oral, prevista para mañana a las 9,00 horas, se ha suspendido.