El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, sostuvo que la Junta de Castilla y León irá de la mano con la Fiscalía si decide recurrir la absolución del celador que había sido acusado de ser el autor del incendio registrado en Los Ancares en octubre de 2011. De esta forma, señaló que todavía no han recibido la notificación de la sentencia por parte de la Audiencia Provincial de León por lo que no se ha tomado una decisión sobre el recurso contra el fallo, dictado por un jurado popular.

En ese sentido, Silván sostuvo que el Ejecutivo autonómico decidirá si presenta un recurso cuando conozca los detalles de la sentencia, que al corresponder a un jurado popular no permite un recurso tan amplio como en otros casos. El consejero explicó que está tasado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal e insistió en que la Junta seguirá actuando “de la mano” con la Fiscalía.

El 21 de noviembre, el jurado popular encargado de juzgar a Alberto García, el celador de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente acusado del incendio registrado en Los Ancares en octubre de 2011, lo declaró no culpable de un delito de incendio forestal y de otro continuado de incendio forestal. En la lectura del fallo, se explicó que la decisión se había tomado por unanimidad atendiendo al hecho de que una mínima mayoría había considerado que los testigos que dijeron ver al acusado no tenían “suficiente credibilidad” como para considerar culpable al celador.

El magistrado dictó sentencia y declaró la libre absolución de Alberto García de los delitos de los que se le acusaba. De esa manera, quedaron sin efecto las medidas cautelares que se le habían impuesto, entre las que se encontraban el alejamiento de los montes públicos, el abandono de su puesto de trabajo y una fianza de unos 12.000 euros. Igualmente se confirmó que las costas serán de oficio.

La Fiscalía y la Junta pedían cinco años de prisión para el presunto autor del incendio de Ancares acusado de un delito de incendio forestal intencionado con la agravante del daño causado a una Reserva Natural. A la petición de cárcel se añadía una responsabilidad civil por daños, perjuicios y gastos durante los trabajos de extinción, que elevaba la cuantía de la indemnización que se le exigía a 295.000 euros, además de pagar una multa de 18 meses. Por su parte, la acusación particular emprendida por Ecologistas en Acción elevaba la petición de cárcel a los 18 años.