La descentralización de sedes no es un debate nuevo. Distintos gobiernos ya hablaron de esta herramienta para luchar contra la despoblación. Es decir, trasladar organismos de Madrid a otras comunidades. El Estado tiene más de 514.000 funcionarios repartidos por toda España. Solo en Madrid está casi la tercera parte de ellos, el equivalente a la población de Salamanca capital. El número de trabajadores del Estado en Castilla y León es de casi 34.000.

Estas instituciones son, por ejemplo, el Centro de Investigación del Cáncer en Salamanca, el Centro de Enfermedades Raras en Burgos o el Museo Nacional de Escultura en Valladolid. Uno de los más relevantes es el Incibe, el instituto de ciberseguridad, en León. Tiene 127 empleados, pero las empresas de su entorno generan unos 3.000 puestos indirectos.

Ávila también acoge la Escuela Nacional de Policía. La repercusión económica se cifra en cerca de 40 millones de euros al año. Su cercanía con Madrid puede ser un factor determinante para acoger nuevas instituciones y conseguir la descentralización que plantea Pedro Sánchez. Sectores como el inmobiliario, la hostelería o el comercio ven este anuncio con esperanza. El hecho de que algunas sedes del Gobierno pudieran ubicarse en Ávila podría salvarla del abandono industrial en el que se encuentra y de la pérdida de población por falta de posibilidades laborales.