En marzo los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea firmaron el Pacto por el Euro, heredero del Pacto por la Competitividad que trató de imponer Alemania en febrero a cambio de ampliar los fondos de rescate. La propuesta alemana no fructificó pero sí su sucesora, más suavizada.

Contiene medidas comunes que han de adoptar todos los países para corregir sus deficiencias económicas. Básicamente se centran en el impulso de la competitividad y el empleo, la sostenibilidad de las finanzas públicas, el refuerzo de la estabilidad financiera y la vigilancia del déficit para que no se desmadre.

Para ello, recoge rebajas de impuestos a empresas, un aumento de la flexibilidad laboral, la privatización de sociedades públicas para reducir la deuda, vincular los sueldos a la productividad o aumentar la edad de jubilación. Con ello pretenden asegurar el ajueste fiscal y mantener el valor del euro como divisa.

Sus detractores creen que el pacto recorta derechos sociales, especialmente en los puntos que atañen a los sueldos y las pensiones.