La Asociación de Ayuda a las Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica (Adavas) pidió este martes evaluar el "drástico" descenso de las órdenes de protección a las víctimas de maltratos en algunas provincias de la Comunidad. La abogada de la entidad, Manuela Torres, puso el ejemplo de Salamanca, donde las órdenes de protección han caído entre un 30 y un 40 por ciento en los últimos años. De ahí que demandara un papel "más activo" del Ministerio Fiscal en el procedimiento.

Torres, que compareció en las Cortes para evaluar el cumplimiento y la efectividad de la Ley autonómica 13/2010 contra la Violencia de Género y formular propuestas para luchar contra los maltratos, demandó una optimización de los recursos materiales y humanos así como un incremento de los servicios. Además, solicitó una supervisión y un control de los servicios, los protocolos de actuación y el trabajo de los profesionales para lo que planteó un mayor protagonismo de las comisiones de territoriales contra la violencia de género. "Deben reunirse con más frecuencia para que haya más coordinación porque, en la actualidad, tienen una escasa utilidad práctica", afirmó.

Y es que solicitó "mecanismos de control y sanción" cuando los mecanismos previstos no funcionen. No en vano, apuntó que Adavas ha constatado las "duplicidades" de servicios. "No queremos más victimización de las víctimas por un desconocimiento de las prácticas de actuación o por realizar una mala valoración del riesgo", precisó.

En ese sentido, planteó la necesidad de realizar evaluaciones pormenorizadas para conocer el impacto de las campañas y la calidad de los servicios de atención a las víctimas, tanto los que prestan las administraciones públicas como las asociaciones y los colegios profesionales. No en vano, insistió en la coordinación "adecuada" en los recursos en el medio rural para que existan puntos de encuentro familiar en el medio rural.

Al igual que otros comparecientes anteriores, Manuela Torres subrayó, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que la Ley contra la Violencia de Género en Castilla y León está pendiente de contar con un reglamento y advirtió que la "dispersión" de decretos no es "lo deseable".

También criticó la desaparición de la red de centros de día para la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, por lo que ahora los recursos se reducen a las casas de acogida, los centros de emergencia y los pisos de acogida. Además, expuso que la asistencia social a las víctimas debe ser prioritaria en los Centros de Acción Social (CEAS), puesto que son la puerta de entrada al sistema de ayudas.

La abogada de Adavas recordó que su asociación presta una asistencia directa, gratuita e integral las 24 horas del día que va desde la atención psicológica y jurídica hasta social y la intervención de los hijos de las víctimas. También hizo hincapié en la prevención y sensibilización que presta la entidad con cursos de formación y campañas.

Más formación

En ese sentido, Torres demandó una mayor y mejor formación de los profesionales especializados con perspectiva de género. Puso el ejemplo, de los abogados del turno de oficio que atienden a las víctimas de maltrato que solo han recibido un curso de 10 horas, lo que a la postre genera "quejas" de las mujeres asistidas.

También abogó por que el personal que realiza sustituciones conozca los protocolos de actuación en la materia y que todos los forenses acudan a los hospitales cuando son avisados de un presunto delito de violencia sexual.

Los grupos de la oposición como el Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos (Cs) mostraron interés por el teléfono 24 horas de Adavas para la atención a las mujeres víctimas. Manuela Torres explicó que es un servicio que supone una carga de trabajo "importante", pero que supone una alternativa a los teléfonos 016 y 112 ya que, en muchas ocasiones, los profesionales de estos números derivan al recurso de la asociación. "Muchas víctimas que sufren una nueva agresión nos vuelven a llamar porque somos más cercanos y tratamos de solucionar su problema al ofrecer prestaciones integrales", manifestó.

La portavoz del PSOE en la Comisión No Permanente, Ana María Agudíez, alertó de que solo la mitad de las mujeres que denunció en el primer semestre del año maltratos recibió una orden de protección pero también del elevado porcentaje de la retirada de denuncias. Además, demandó un incremento de los recursos materiales y humanos para llevar a cabo un abordaje integral y una mayor coordinación entre instituciones y profesionales.

Belén Rosado, de Cs, demandó más medidas en el medio rural para que las víctimas de violencia de género dispongan de los mismos medios y servicios que las mujeres que residen en el ámbito urbano. En ese sentido, planteó la posibilidad de que las diputaciones cedan espacios y personal para la puesta en marcha de puntos de encuentro familiar en los pueblos.

La portavoz de Podemos, Laura Domínguez, incidió en la lucha contra la violencia sexual puesto que está tipificada en la ley autonómica pero que no cuenta con un presupuesto específico. Por su parte, María del Mar González, del PP, habló de la necesidad de mejorar la formación de los formadores y prestar los mismos servicios en el ámbito rural.

En cuanto a las campañas de sensibilización, Manuela Torres apostó porque la divulgación sea "constante" en el tiempo y no en fechas puntuales con motivo de la conmemoración de días internacionales.