La Unión de Guardias Civiles (UGC) de Castilla y León amenazó este martes con poner en manos de la Fiscalía el problema de las patrullas que prestan el servicio de forma unipersonal, a pesar de que “oficialmente y en el papel” lo realizan de forma combinada, por lo que se incumple  el Real Decreto de Prevención de Riesgos Laborales,  que vela por la seguridad y la salud de los agentes.

La escasez de efectivos provoca que los agentes del medio rural terminen el servicio o al menos pasen una o dos horas de forma solitaria, una práctica que está demostrada tras el accidente que sufrió un agente en Ólvega a las 5.25 de la mañana el pasado 8 de septiembre, tras dejar a su compañero en su puesto de destino, según destacó hoy el responsable de riesgos laborales en la Comunidad, Marcelino García.

“Este agente de la Comandancia de Soria sufrió un accidente de circulación después de realizar siete horas de servicio y recorrer 300 kilómetros. Fue una suerte que el siniestro se produjera en zona urbana y no en una carretera comarcal por la que no pasa nadie”, dijo.

Asimismo, Marcelino García denunció que entre julio y agosto más de la mitad de los servicios realizados por los agentes de los puestos de Almarza, San Pedro Manrique, Ágreda, Ólvega y Gómara (que suman 19 efectivos en total) fueron mediante patrulla combinadas, donde cada uno de los dos guardias civiles que conforman pertenecen a un puesto distinto, por lo que realizaron más de 3.800 kilómetros solos en desplazamientos para ir a buscar y trasladar a sus compañeros de patrulla a su destino.

Por ello, la Unión de la Guardia Civil exigió soluciones inmediatas para que en ningún lugar de España corra peligro la vida de los agentes, ya que a pesar de que se ha expuesto el caso en altas instancias no se ponen los medios oportunos para corregir esta carencia. “Esto pasa en toda España durante todo el año”, indicó.

Marcelino García recordó que en Castilla y León se han perdido 500 efectivos en los últimos cuatro años y agregó que si se cubrieran estas bajas se evitaría las patrullas unipersonales. “En Soria faltan 100 efectivos para cubrir las necesidades que existen a las que hay que sumar que estamos en alerta terrorista cuatro”, recalcó.

Por su parte el letrado de la UGC Daniel Muñoz aseguró que los servicios jurídicos estudian las posibles acciones judiciales, ya que el hecho de que un agente de la Guardia Civil patrulle solo incumple el Real Decreto 179 de 2005, y se prohíbe expresamente en un escenario de alerta terrorista y en horas nocturnas.  

Ejército

Por su parte, el secretario general de la UGC, Ramón Rodríguez, abogó por utilizar al Ejército para realizar labores preventivas de seguridad en instalaciones sensibles (pantanos y centrales nucleares, estaciones de ferrocarriles, puertos y aeropuertos) tal y como hacen otros países de Europa con el fin de aminorar las tareas al cuerpo de la Guardia Civil. “Nosotros parecemos los corre-caminos o los conejitos de ‘Duracell’ y tienen a los militares acuartelados porque en este país la máxima es la paz y el amor.  Luego nos encontramos con un atentado en plena Rambla de Barcelona y el Ejército no se utiliza”, ironizó.

Asimismo, afirmó que el jefe de Gabinete del director general de la Guardia Civil mintió cuando no fue capaz de reconocer que existen agentes que patrullan solos y recalcó que el cuerpo tiene un grave problema de personal, al haber perdido, en los últimos siete años, casi 10.000 efectivos, consecuencia de reponer solo el diez por ciento de la plantilla, a excepción del año pasado que cubrió el 100 por cien de las bajas.

El veterano agente pidió la restructuración del despliegue de la Guardia Civil, ya que, en su opinión, no tiene sentido tener cuarteles con “plantillas irrisorias” y un aumento de sueldo para los agentes, que por regla general ganan 800 euros menos que un ertzaina o un mosso de e’scqadra. Además solicitó que se ponga sobre la mesa un plan de conciliación de la vida familiar y profesional de los agentes.

Por último, aseguró que también planteó al director general de la Guardia Civil el dar la oportunidad a los agentes de trabajar de forma voluntaria y la renuncia a las vacaciones estivales en las circunstancias que se le requiera, siempre y cuando reciba una indemnización económica.

Estas reivindicaciones han caído en saco roto, según Rodríguez, quien señaló que las condiciones profesionales de la Guardia Civil son “sangrantes”.