El caso de Lupicinio Rodrigo, veterinario y diputado provincial por León ha abierto la caja de los truenos. No es el único funcionario al que no se le descuentan de sus nóminas las dietas que cobran por ser cargos electos. La Junta de Castilla y León ha abierto una investigación para determinar si se cumple un decreto que aprobó la propia administración regional.

El veterinario, diputado provincial y alcalde de Villamol faltó a su puesto una media de 156 días durante cuatro años para acudir a plenos de la Diputación sin renunciar a la parte proporcional de su sueldo. En estos momentos la investigación se ha ampliado a otros posibles funcionarios que compatibilizan su trabajo con cargos públicos, sólo en León afecta a 86. De momento prudencia.

El decreto de la Junta, aprobado hace 11 años, señala que en cualquier caso no pueden superarse el 20 por ciento de horas laborales en el cómputo trimestral, tope superado con creces en el caso de Lupicinio Rodrigo. Situación que no tiene porque ser generalizada y que es la que se trata de aclara. Podrían verse afectados médicos, profesores o asistentes sociales que ostentan cargos de concejales, diputados provinciales o procuradores.