El Servicio de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio de Castilla y León atendió en sus primeros cuatro meses de funcionamiento a 576 demandantes que corrían el riesgo de perder su vivienda habitual o tenían problemas de sobreendeudamiento que les impedían pagar la hipoteca. El 40% de esos casos, un total de 230, ya se han cerrado, 204 de ellos (el 89%) de forma positiva evitando el lanzamiento de 35 familias mediante una negociación con sus entidades acreedoras y para los 26 restantes demandantes (el 11%) no se ha podido llegar a un acuerdo y han acabado con la pérdida de sus casas, aunque están atendidos por los Servicios Sociales.
De los 204 casos resueltos, en 169 no fue necesario que se estableciera una mediación con los bancos porque los problemas se resolvieron en fases previas, mientras que otros 35 se solucionaron a través de esa interlocución que se realiza desde la oficina central de la Consejería de Familia con un total de 33 entidades financieras (las once que se han sumado al convenio sobre este servicio estableciendo un interlocutor único para esta cuestión y 22 sin estar suscritas), según explicó este viernes la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, quien resaltó que "ninguna entidad se ha opuesto" a negociar con la Junta.
En concreto, explicó que la principal solución encontrada por los profesionales tras estudian la situación de cada caso (contrato del préstamo, deuda pendiente, intereses, plazos, estado de los pagos…) ha sido la reestructuración de la deuda, a la que han accedido 22 familias tras llegar a acuerdos con sus bancos sobre aumentos del plazo del préstamo, reunificación de las deudas, disminución del tipo de interés, quitas, carencias, etc. Además, en 11 casos se acordó la dación en pago (siempre con la quita de la deuda) y en otros dos se logró el acuerdo de que no tuvieran que abandonar sus casas aunque ya hubieran pasado al banco.
Estos fueron algunos de los datos expuestos por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades durante la presentación del balance de los primeros cuatro meses de funcionamiento de este programa que se creó el año pasado para responder de forma "integral" e "individualizada" a las nuevas "necesidades sociales" de los ciudadanos que, según recalcó la consejera, "no son las mismas que hace dos años".
Al respecto, resaltó que el 48% de los demandantes que han recurrido a este servicio "no tiene un perfil de exclusión social tradicional", es decir, cuentan con red de apoyo familiar, con ingresos aunque insuficientes, con formación y con una situación de precariedad relativamente reciente. "Tratamos desde la Junta de dar respuesta a las necesidades que van surgiendo y por eso estamos diseñando programas que antes no eran necesarios y para personas que antes no eran usuarios de los Servicios Sociales", aseguró Marcos, quien incidió en que "se están atendiendo todos los casos" que llegan y "en un plazo rápido".
La consejera detalló que el Servicio de Apoyo a los Desahucios cuenta con 30 oficinas, 15 de ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y 15 de diputaciones, además de la oficina central en la sede de Familia en Valladolid, con un total de 76 profesionales. En sus primeros cuatro meses de funcionamiento, ha atendido una media de 35 casos a la semana.
El primer paso de acceso a este programa es llamar al teléfono de información de la Junta 012, cuyos técnicos determinan si los demandantes cumplen los requisitos, determinan la urgencia del caso y asignan citas con los profesionales de las oficinas locales. En la totalidad de los 576 casos, éstos les prestaron atención y asesoramiento, y realizaron un análisis pormenorizado de la situación de la unidad familiar desde la óptica económica y la social, con una media de entre tres y cuatro entrevistas para recabar toda la documentación y preparar el expediente.
Tipos de necesidades
Marcos explicó que el 62,7% de las personas que recurrieron a este programa no se encontraban aún ante un riesgo inminente de perder su vivienda, sino que preveían que iban a tener dificultades para hacer frente a la hipoteca o contaban con menos de tres impagos sin requerimiento bancario. Por ello, en el 37% de los casos (211), los técnicos diseñaron como complemento a ese asesoramiento inicial un plan de economía familiar para sanear sus cuentas.
Por su parte, otro 30,3% ya había recibido el requerimiento, el banco había interpuesto una demanda contra ellos en el juzgado, había comenzado el procedimiento extrajudicial o tenía notificación de subasta, mientras que el 7% restante ya tenía la notificación de desalojo en un plazo voluntario o le habían comunicado la fecha de lanzamiento. Al respecto, la consejera de Familia incidió en que "es fundamental detectar los casos en la primera fase" porque es cuando los profesionales pueden intervenir "con más posibilidades de éxito".
Además, explicó que los técnicos optaron por derivar al 35% de las familias atendidas (203) hacia las distintas prestaciones que ofrecen los Servicios Sociales regionales u otros departamentos. Así, 136 fueron atendidas por los primeros y recibieron apoyos como la Renta Garantizada de Ciudadanía, las ayudas de emergencia social o programas de intervención familiar.
Otras 52 contaron con el apoyo de las entidades del Tercer Sector como complemento; a 68 se las dirigió hacia los servicios de empleo para mejorar sus posibilidades de acceder a un puesto de trabajo, actualizar su perfil o solicitar la Renta Activa de Inserción; en 19 casos se les recomendó que acudieran al sistema de salud por la posible presencia de cuadros depresivos; en 15 se comenzaron a buscar alternativas de vivienda y 73 familias fueron orientadas hacia la asistencia jurídica gratuita.
Perfil de los demandantes
El perfil de las personas que ha acudido al Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio entre noviembre de año pasado y febrero de este año es el de una pareja estable, con uno o dos hijos, con edades situadas en torno a los 43 años. En concreto, el 70% de los demandantes tenía entre 30 y 49 años (38,4% entre 40 y 49, y 31,9% entre 30 y 39); el 18,8%, entre 50 y 59 años; el 6,1%, menos de 30 años, y el 4,8%, 60 años o más.
Además, un 65% vivía en pareja y, respecto al número total de integrantes del núcleo familiar, el 23,9% eran familias de tres miembros, el 22,3% de cuatro miembros, el 16,3% unipersonales, el 14,8% de dos miembros, el 11,1% de cinco miembros, el 4,8% de seis miembros y el 3,3% de más de seis.
Por último, Marcos recordó que este programa está dirigido a las personas empadronadas en la Comunidad que se encuentren en situación de insolvencia sobrevenida o en riesgo de estarlo con dificultades económicas que les impiden pagar su hipoteca y en riesgo de perder su vivienda habitual, siempre que ésta sea la única casa que tienen en propiedad y que su precio sea inferior a 300.000 euros.