El perfil del maltrato responde en Castilla y León a una mujer de entre 31 y 45 años que reside de forma mayoritaria en núcleos urbanos y sufre a la vez una mezcla de violencia física y psíquica. Así se refleja en los informes de valoración de la violencia de género (Invige) analizados en la reunión de hoy por la Sección de Género de la Consejería de Familiae Igualdad de Oportunidades.

Tal y como explicó la consejera Alicia García, la elaboración de los informes sociales ha permitido, por primera vez, conocer con detalle datos y perfiles de estas mujeres. "Saber con más detalle estas situaciones nos permite poner el acento en las víctimas con un riesgo alto y trabajar paralelamente con la Delegación del Gobierno, la Fiscalía y otros organismos. Todo ello está sirve para adecuar y orientar las actuaciones según necesidades y preferencias de quien padede maltrato", significó.

En el año 2018 se han generado 1.238 nuevos informes a través del Ingive, de los cuales permanecen activos actualmente 1.834. De ellos se desprende que por tipos un 45 por ciento de mujeres han sufrido violencia física y psicológica a la vez; un 27 por ciento psicológica; un ocho sexual; un 4,3 por ciento física; y se han detectado ocho víctimas de trata de mujeres.

Si se atiende las víctimas de violencia de género especialmente vulnerables, hay un 15 por ciento que son inmigrantes, un cinco por ciento mujeres con discapacidad, un tres por ciento son de etnia gitana; y un 2,8 por ciento tienen problemas de drogodependencias.

Por edad, la mayor parte de las víctimas, un 47,3 por ciento, se encuentra entre los 31 y los 45 años, seguida de las mujeres entre los 10 y los 30 años con un 21,9 por ciento; la de mayores de 65 con un 4,5 por ciento; y la franja con menor número de víctimas es la de menores de 18 años, con un 0,5 por ciento. Finalmente, por su lugar de residencia, el 58,2 por ciento viven en el medio urbano y el 41,8 por ciento en el rural.

Un año de intenso trabajo

García destacó que 2018 ha sido "un año de trabajo intenso de todos los agentes implicados" en el modelo integral ‘Objetivo Violencia Cero’. En la Sección de Género del Observatorio de Castilla y León están representadas varias consejerías de la Junta de Castilla y León -Familia e Igualdad de Oportunidades, Educación y Sanidad-; la Federación Regional de Municipios y Provincias de la Comunidad, la Delegación del Gobierno; las universidades públicas; CCOO.; UGT, Cecale, Asaja; y las federaciones de asociaciones de mujeres de Castilla y León.

La consejera incidió especialmente tres actuaciones que marcan las novedades y avances en materia de violencia de género como los informes de valoración social de las víctimas, diez nuevas prestaciones de apoyo a las víctimas en el Catálogo de Servicios Sociales y la regulación del funcionamiento de los centros y casas de acogida.

En el caso de los informes de valoración de la violencia de género (Invige), son realizados por los coordinadores de caso con el apoyo de los profesionales de los equipos multidisciplinares, y ofrecen una valiosa información a la hora de tomar decisiones y atender a las necesidades de las víctimas.

"Se realiza de forma personalizada para cada víctima y en él se refleja su situación personal, familiar y laboral, los apoyos que necesita para ella y sus hijos e hijas y el riesgo social que tiene", apuntó García.

Diez nuevas prestaciones

En cuanto a las diez nuevas prestaciones puestas en marcha en 2018 que Castilla y León incorpora al Catálogo de Servicios Sociales se centran en el apoyo personal y familiar para las víctimas; el servicio de asistencia letrada y defensa jurídica a mujeres y niñas víctimas de agresiones y/o abusos sexuales; servicio de apoyo jurídico a huérfanos de víctimas; las ayudas económicas a hijos e hijas de víctimas mortales de violencia de género; el acceso gratuito a estudios universitarios; la ampliación de la atención psicológica a las menores de edad que sufren violencia de género por su pareja o expareja, a familiares de víctimas asesinadas; y la intervención en crisis o emergencia cuando una mujer víctima se encuentra en un centro de acogida.

Además, figuran el servicio de atención psicológica de urgencia para las víctimas cuando acuden a las sedes judicial o policial; la atención en centros residenciales donde se incorporan las nuevas modalidades como el servicio de atención integral a mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad por enfermedad mental grave; el servicio de atención integral a mujeres drogodependientes en situación de violencia de género; y el servicio de atención especializada a mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual.

La tercera de las novedades de este año es que está próximo a aprobarse un Decreto que regulará la autorización y funcionamiento de los centros y las casas de acogida para las víctimas encaminado a coordinar el funcionamiento de todos estos centros en Castilla y León con la finalidad de mejorar la atención integral. Gracias a este Decreto se garantizará la seguridad a las víctimas y a los menores dependientes de ellas durante su estancia en los centros y otra novedad es que se prevé la existencia de centros especializados según las necesidades y un servicio complementario de fomento de la autonomía. Además, se elaborará una aplicación informática con la que los profesionales podrán gestionar de forma más ágil la gestión de plazas en los centros de la Comunidad y el propio Decreto regulará el régimen de acreditación de los centros.

Balance de programas y servicios

Alicía García explicó que del análisis de los datos que ofrecen los programas y servicios desarrollados en 2018 indican que las prestaciones mantienen niveles similares respecto al año pasado. Destaca el incremento del número de llamadas al 112 con un total de 2.240 por violencia de género (un seis por ciento más). También se incrementaron un 7,31 por ciento el número de víctimas que reciben la Renta Garantizada de Ciudadanía y la contratación laboral de mujeres que sufrieron maltrato creció casi un 19 por ciento.

También bajó el número de denuncias y se han concedido menos órdenes de protección según los datos Delegación del Gobierno en Castilla y León. Al respecto la consejera de Familia dijo que "esto no tranquiliza por que lo que se necesita es que las mujeres denuncian más y que el sistema funcione y haya seguridad dentro de él y las víctimas se atrevan a dar el paso, parta lo cual los servicias de apoyo psicólógico y asesoría llevan funcionando ya tiempo en todas las provincias".

En base a los servicios prestados en atención telefónica hasta septiembre se atendió a 7.373 llamadas por violencia de género, un cuatro por ciento más que en 2017, y el 68 por ciento de las llamadas al 012 relacionadas con mujer lo fueron por violencia de género. Además, como noveead, en colaboración con ANAR, se ha puesto en funcionamiento una línea telefónica de atención al profesorado en centros educativos ante situaciones de violencia de género.

En el servicio de acompañamiento, orientación y asesoramiento jurídico se atendió hasta septiembre a 312 mujeres y, como novedad, el Consejo de la Abogacía ha puesto en marcha el Ssrvicio de asistencia letrada y defensa jurídica gratuita a víctimas de agresiones sexuales, con 14 víctimas atendidas, ampliado además a huérfanos de víctimas de violencia de género. Igualmente hubo apoyo psicológico a víctimas con 592 mujeres atendidas, de las que 246 vivían en el medio rural, 108 eran menores y 16 personas dependientes de las víctimas. También se impulsó un servicio de atención psicológica de urgencia para las víctimas cuando acuden a las sedes judiciales o policiales, que han solicitado nueve personas.

Asimismo, en la Red de Centros y Casas de acogida, en los tres centros de emergencia existemtes se se acogió a 133 mujeres y 96 menores, y las 14 casas de acogida atendieron a 88 mujeres y 86 menores, en ambos casos, cifras similares a las del pasado año. Aquí hubo dos recursos habitacionales especializados, uno para víctima de trata y otro para mujeres víctimas de violencia de género con problemas de drogodependencia.

En cuanto al programa de viviendas individuales para mujeres víctimas de violencia de género. se han facilitado de momento nueve viviendasque han beneficiado a 20 personas en total, nueve mujeres y once hijos a su cargo. En la prestación económica, se han beneficiado 62 víctimas en lo que va de año, ocho más que en 2017; y otras 235 se beneficiaron de la Renta Garantizada de Ciudadanía hasta septiembre, un 7,31 por ciento más que el pasado año.

Otro programa aplicado con éxito fue el de inserción socio laboral, que García resaltó especialmente, ya ha permitido formalizar en lo que va de ello 76 contratos a víctimas de violencia de género, un 19 por ciento más que en 2017, donde destaca el Programa Empleo-Mujer, Pemcyl, en el que hasta septiembre han sido contratadas 52 mujeres víctimas, un 16 por ciento más que en 2107, y en 2018 se ha ampliado dos nuevas ediciones en las cuencas mineras de Villablino y Guardo.

Protección y Seguridad

Por otro lado, en lo que se refiere a la protección de las víctimas de violencia de género por las fuerzas de seguridad, según los datos de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, se concreta en 2.596 casos activos hasta septiembre, de los que el 42 por ciejto disponía de mayores medidas de protección policial; además, a 65 víctimas con nivel de riesgo alto se las facilitó dispositivo electrónico de seguimiento y 447 contaron con un terminal Atenpro que facilita Cruz Roja.

Otros servicios prestados fueron el de traducción e interpretación, con diez documentos traducidos y 69 llamadas atendidas; el de la Red de atención psicosocial a víctimas de trata, que ha identificado a 113 víctimas, casi el triple que el pasado año, o el de las denuncias en ámbito judicial, que en el primer semestre de este año ha bajado casi un seis por ciento el número de denuncias presentadas y un 13,4 por ciento el de órdenes de protección concedidas respecto al mismo período de 2017.

Finalmente, se ha puesto en marcha este año una nueva medida dirigida a los huérfanos de mujeres asesinadas por violencia de género, consistente en dos nuevas prestaciones como son la ayuda económica anual de 5.000 euros para menores huérfanos y el acceso gratuito a estudios universitarios en las universidades de Castilla y León, lo que se ha concretado en seis ayudas económicas.