El secretario de Política Institucional y Terrritorial de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, consideró hoy necesario que los fondos dedicados al mantenimientos del estado del bienestar se incrementen en 600 millones de euros, lo que les dotaría, argumentó, de un mínimo de calidad para acercarles a lo que había antes de que comenzara la crisis económica. Así lo señaló durante la apertura del 'Foro sobre el futuro del estado del bienestar y los servicios públicos en Castilla y León. Finanaciación e implantación en el territorio', organizado por este sindicato y que se celebra durante toda la mañana en Valladolid.
En su intervención consideró la celebración de este foro como "muy oportuna" después del celebrado a finales de 2011 y tras cuatro años de "los mayores recortes de la historia" en España que han provocado una mayor desigualdad y empobrecimiento de la población. Además, explicó que de los cuatro pilares del estado del bienestar: pensiones, educación, sanidad y servicios sociales, tres de ellos están gestionados por las comunidades autónomas.
En educación, sanidad y servicios sociales, añadió, la Junta de Castilla y León ha recortado, desde 2011, fondos por valor de 2.500 millones de euros. "Los recortes son indiscutibles por mucho que la Junta se empeñe en decir que son unos presupuestos sociales", remarcó, porque, dijo, no es lo mismo recuperar los fondos que se destinaban antes del inicio de la crisis económica, que consolidar los fondos que se dedican ahora y que son "recortes acumulados". "Con estos presupuestos es imposible recuperarlos", denunció.
Por ello, abogó por hacer reformas fiscales porque el actual modelo de servicios sociales es "incompatible" con el modelo fiscal, al tiempo que apostó por mecanismos que compensen la modificación del artículo 135 de la Constitución, modificado en 2011, para paliar sus efectos.
También, para recuperar los efectos de la crisis en el estado del bienestar, destacó la necesidad de que se incrementen los fondos en 600 millones de euros porque "no se puede hablar de recuperación económica, sin recuperación social", remachó Lobo, para añadir que el estado del bienestar no es el enemigo del desarrollo económico y la competitividad.
En términos parecidos se expresó el secretario confederal de Participación Sindical e Institucional, Frederic Monell, quien también afeó la modificación del artículo 135 para cumplir con los objetivos de déficit y consideró que es "contradictorio" con el espíritu mismo de la Constitución dado que hace "imposible" cumplir algunos de los objetivos fundamentales de la misma.
Del mismo modo, apostó por una modificación del modelo fiscal y recordó que es falsa esa visión positiva de la rebaja de impuestos porque, a su juicio, "cada vez que se rebajan suponen menos servicios públicos".
Monell advirtió también de "la captura" del estado del bienestar por parte de las empresas porque, argumentó, hay gobiernos que aún correspondiéndoles el desarrollo de buenos servicios públicos "no creen en ellos" y piensan que quienes tienen que suministrarlos son las empresas privadas. "Esa idea de que lo privado es mejor no es cierta", sostuvo, para apostar por defender unos servicios públicos también desde la búsqueda de la mejora de la calidad.