CCOO y la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) en Castilla y León han remitido a los presidentes de las cajas de ahorro de Castilla y León una petición para que informen en sus próximas asambleas generales sobre las retribuciones, dietas, blindajes, indemnizaciones y créditos a sus directivos, con el reto de la "transparencia" ante la "alarma social" generada en torno a estos asuntos en las últimas semanas.
El objetivo es renegociar unas cuantías "inmorales" y adecuarlas a la realidad económica actual.
Las dos organizaciones también han enviado una carta a los partidos políticos con representación parlamentaria y al consejero de Economía y Empleo de la Junta, Tomás Villanueva, para que actúe como autoridad reguladora si las entidades se niegan a ofrecer esa información y advirtieron de que si el Gobierno regional tampoco lo logra, recurrirán a la presidenta de las Cortes regionales, Josefa García Cirac, para que cree una comisión especial de investigación.
En último término, sino se logran abrir estas "instituciones absolutamente opacas", analizarán si judicialmente existe algún "resquicio" y actuarán.
El secretario general de CCOO, Ángel Hernández, comentó que pretenden renegociar las indemnizaciones y blindajes para adecuarlos a la realidad económica, ya que "no es de recibo" que la patronal esté planteando una congelación salarial y los directivos estén percibiendo unas retribuciones "inmorales", diez veces por encima del salario del presidente de la Junta, lo que es un "escándalo y un despropósito". Hernández planteó que se adecuen las retribuciones de los miembros de las asambleas y los consejos de administración y que se elabore un código de incompatibilidades a la hora de otorgar créditos a los directivos.
El secretario de la Federación de Servicios Financieros de la central sindical en la región, Jesús Olivar, apostilló al respecto, que"las retribuciones del sector financiero siempre han sido desproporcionadas y no están justificados los salarios de ciertas personas, a las que se les paga pero no lo ganan".
El vicepresidente de Adicae Castilla y León, Francisco Llanos, indicó que esas cuantían han sido siempre "inmorales", pero en tiempo de bonanza "nos preocupaban menos". Llanos reclamó una contestación "relativamente rápida" a sus solicitudes y comentó que el objetivo último es que las cajas "sean útiles para la financiación de los ciudadanos y no se usen de forma partidista los recursos en detrimento de éstos".
Ángel Hernández también reclamó que se abra un debate político y social sobre cuál va a ser el papel de los órganos de gobierno de las cajas o si deben existir o no, ante la bancarización del sector. En este sentido, solicitó una negociación sobre las fundaciones que gestionarán la Obra Social de los nuevos bancos, para no repetir errores y que los patronatos estén integrados por organizaciones sociales y económicas regionales, que se prohíba por incompatible que en el consejo estén los directivos del banco y se fijen de forma clara los criterios de gestión. Asimismo, planteó que ningún responsable en estas fundaciones pueda percibir una retribución por su representación institucional.
Ventilar responsabilidades
Hernández explicó que con estas iniciativas , las dos organizaciones quieren dejar claro que no son responsables y quieren atajar estos casos, como el de Francisco Fernández en Caja España-Duero y Luis Escribano en Caja Segovia, para que "cuando se ponga en marcha el ventilador de la responsabilidad, que cada uno aguante la suya". "No estamos dispuestos a que se nos meta en el mismo saco. No todos somos iguales ni actuamos igual", apostilló.
El dirigente sindical incidió en que la batería de solicitudes no constituye una iniciativa de denuncia de ilegalidades, sino de petición de información para conocimiento y transparencia de la situación de las cajas, porque "la alarma y desconfianza generadas se pueden llevar por delante definitivamente al sector". Hernández aclaró que las asambleas donde se debería informar de estos aspectos, se tendrán que celebrar pronto, ya que a comienzos del año que viene deberán renovar sus cargos las cajas de Ávila, Segovia y Burgos, Cajacírculo ya la desarrolló y Caja España-Duero tiene un prórroga de dos años. "No queremos hacer de esto una cosa de extrema urgencia", dijo, para desear que en las reuniones que se vayan produciendo, los presidentes aclaren todos estos datos.
Sino es así y "se escudan" en que se trata de información reservada, destacó que deberá intervenir Tomás Villanueva, "máxime" cuando el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha pedido transparencia y criticado estas situaciones. Si esta vía tampoco resulta acudirán a las Cortes regionales, que cuentan con representación en las entidades, y por último analizarán la vía judicial, aunque deseó que funcionen las otras alternativas, para recordar que pese a lo que diga el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, las cajas "no son entidades privadas"