El cambio de criterio de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional que ha provocado la excarcelación de Troitiño, ha servido, de paso, para el enfrentamiento político.

El coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, ha exigido este jueves al Consejo General del Poder Judicial que abra una investigación y depure responsabilidades por las contradicciones que se han producido por esta liberación. Pero la realidad jurídica no prevé sanciones penales para los magistrados porque entiende que no tienen voluntad de cometer error y que, por tanto, en ningún caso se trata de una acción delictiva.

El clima en la Audiencia Nacional es de máxima tensión. El terrorista se ha escabullido tras cumplir 24 años entre rejas, pese a tener una condena de 2.000 años de cárcel, y los magistrados reconocen que se trata de una desafortunada equivocación al entender que los seis años que el etarra permaneció en prisión preventiva debían descontarse de los 30 que fija la ley como tiempo máximo de cumplimiento y no de cada una de las penas que le fueron impuestas por sus múltiples crímenes en la década de los 80.