PSOE y Unidas Podemos estiman que la reforma de la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que impulsan podría entrar en vigor a los dos meses de tomarse en consideración y ha recordado que no se requiere un informe previo del Consejo de Estado al no ser un proyecto que emana del Gobierno.
De hecho, PSOE y Unidas Podemos están convencidos de que saldrá adelante en el Congreso y ha recordado que formaciones que congregan 188 diputados ya emitieron un comunicado conjunto exigiendo que se superara el bloqueo en el CGPJ.
Además, su propuesta pauta la activación de la designación de 12 vocales de este órgano que corresponden a las Cortes Generales por mayoría absoluta en un plazo de 48 horas, en caso de que fracasara la designación por mayoría cualificada.
Así lo han indicado en rueda de prensa conjunta los portavoces de PSOE y Unidas Podemos, Adriana Lastra y Pablo Echenique, respectivamente, después de haber registrado esta iniciativa en la Cámara Baja sobre las 12.30 horas.
Lastra ha explicado que esta reforma trata de evitar que el CGPJ vea bloqueada su actividad por parte del PP, a quien ha acusado de romper el consenso respecto a la renovación de la institución de gobierno de los jueces hasta en dos ocasiones.
La portavoz socialista ha puesto énfasis en que el propio presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha reclamado en diversas ocasiones a los grupos que se activara dicha renovación y que la propia Comisión Europea ha instado a ello.
LA REFORMA COMPETE AL CONGRESO, NO AL GOBIERNO
En este caso, se opta por presentarla en el Congreso, y no como proyecto del Gobierno, al ser la elección de vocales una competencia propia del Congreso, un procedimiento en el que no se requiere pedir informes al Consejo de Estado, al Consejo Fiscal y al propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En consecuencia, las dos formaciones impulsan esta reforma que preserva el cumplimiento del mandato constitucional de renovación con una propuesta que introduce dos novedades principales: rebajar a mayoría absoluta la renovación de 12 vocales en caso de no ser posible por tres quintos de las cámaras y "cubrir el vació legal" en las atribuciones del CGPJ con un mandato ya expirado, imposibilitando en este supuesto la designación de puestos en altas instancias judiciales.
La propuesta pivota esencialmente en la modificación de dos artículos, el 570 y 572, y en palabras de Lastra recoge un sentido similar de la propuesta impulsada por el gobierno del PP en 2013.