El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) declaró nulas las expropiaciones forzosas de terrenos que en su día hizo el Ministerio de Fomento para construir el tramo de la autovía A-60 entre Valladolid y Villanubla y condena al departamento de Ana Pastor a pagar 300.000 euros a los 23 afectados que hasta ahora han presentado recurso, según publican en sus ediciones de hoy El Día de Valladolid y El Mundo-Diario de Valladolid.

La sala de lo Contencioso Administrativo estima así este recurso que demostraría que Fomento no había respetado el procedimiento legal al haber omitido el trámite de información pública de los bienes y derechos afectados. Esta omisión ocasionó una “indefensión” a los expropiados, según la setencia, toda vez que no pudieron alegar sobre el trazado elegido y sobre el total de la superficie expropiada.

La sentencia, dictada en diciembre de 2013, daba un plazo de diez días al Ministerio para presentar un recurso de casación, si bien declinó hacerlo, por lo que la resolución ya es firme.

Así, el TSJ condena al Estado a pagar una indemnización a los afectados “consistente en el importe del justiprecio fijado a sus bienes y derechos incrementado en un 25 por ciento de su valor, con los intereses legales correspondientes desde el día siguiente a la fecha de su ocupación definitiva hasta el completo pago”. En total serían unos 300.000 euros para las 23 familias denunciantes, una cifra que podría alcanzar los 1,3 millones si se suman al recurso todos los afectados, que oscilan entre 160 y 190.

El Ministerio tiene hasta el 5 de abril para efectuar el pago voluntario. De no hacerlo, fuentes de la parte recurrente aseguran que tramitarán un incidente de ejecución forzosa que podría elevar el importe de los intereses un 50 por ciento. El justiprecio marcado en su día por las 150 hectáreas expropiadas para hacer unos 15 kilómetros de autovía supera los cuatro millones de euros y las indemnizaciones se refieren al 25 por ciento de esa cantidad, a la que habría que sumar otro ocho por ciento de intereses.

Aparte de los particulares, los ayuntamientos de Valladolid y Villanubla también están afectados. En ambos casos se les expropiaron varios caminos de servicio que se pagaron en especie, con una reposición de servidumbre de paso. Es decir, con pasos elevados o inferiores a la autovía. En base a la pérdida patrimonial, la parte recurrente considera que, si se suman a la demanda, Villanubla podría ser indemnizado con unos 90.000 euros y Valladolid con 200.000.