El proyecto de ley de las tasas judiciales continúa generando polémica. Cobrar por recurrir una sentencia es un ataque fundamental al derecho de defensa. Es la denuncia de abogados y sindicatos que han remitido al ministerio sus enmiendas para modificarlo.

Ir a juicio saldrá más caro a partir de enero, y sólo los más solventes podrán defender sus derechos ante un tribunal, según abogados, sindicatos y asociaciones de consumidores.

El Consejo General de la Abogacía ha remitido un informe al Congreso sobre la nueva Ley, que estudia la Cámara y que encarecerá las tasas judiciales entre 60 y 750 euros.

Con esta subida el Gobierno busca reducir el número de litigios y desatascar los juzgados, pero se da la paradoja de que recurrir una multa de tráfico de cien euros podrá costar el doble.
    
Uno de los aspectos más polémicos es el establecimiento de tasas para litigios laborales y sociales, además de los administrativos y civiles.