La fábrica de galletas de chocolate Elgorriaga de Ávila, perteneciente al grupo Nueva Rumasa, aseguró este viernes en una reunión con los 75 trabajadores de la planta que no se contemplan ni despidos ni expedientes de regulación de empleo inmediatos ni a corto plazo, ya que la factoría trabaja con normalidad, pese al anuncio del holding de la familia Ruiz-Mateos de acogerse al procedimiento especial de la Ley Concursal.

Así lo señaló el secretario de Acción Social de CSI-CSIF en Ávila, José Antonio Sánchez, tras la reunión entre el gerente de la fábrica y la plantilla, celebrada a las 14.30 horas de este viernes, y que ha llevado al sindicato a lanzar “un mensaje de tranquilidad” ya que esta fábrica “trabaja con normalidad” y la incertidumbre generada en los medios de comunicación “podría repercutir negativamente” entre su clientela.

Los trabajadores mostraron este jueves su sorpresa tras conocerse públicamente que diez empresas de Nueva Rumasa, entre ellas Elgorriaga, podrían acogerse a concurso de acreedores, explicó Sánchez. Por ello, pidieron explicaciones a la compañía, que convocó esta reunión.

En ella, han tranquilizado a los 75 trabajadores de la factoría, quienes han sufrido un retraso en el pago de la nómina de enero –“aunque ya se han abonado dos terceras partes, sólo faltan entre 300 y 400 euros por trabajador”- y en algunos meses anteriores. Sin embargo, recalcó Sánchez, el trabajo no ha disminuido.

“En otras empresas del grupo ha habido incluso que dar vacaciones adelantadas a los trabajadores, pero en Elgorriaga no, incluso se han reforzado turnos en determinadas épocas por necesidades de la producción”, indicó el responsable sindical.

La fábrica de galletas de chocolate Elgorriaga de Ávila fue adquirida a Cantalou SA en el año 2005 por el empresario José María Ruiz Mateos, a través del Grupo Alimenatrio Dhul. Entonces contaba con 60 empleados y el objetivo era "potenciar" la marca Elgorriaga.

La fábrica de galletas comenzó su actividad en Ávila en 1979 de la mano de la marca ‘Elgorriaga’. En 2000, fue adquirida por Cantalou S.A., cuyos responsables plantearon posteriormente un expediente de regulación de empleo que habría afectado a unos 30 empleados y que fue paralizado.

Por su parte, el portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ávila, José Francisco Hernández, manifestó que desde el Consistorio “no se ha establecido contacto” y mostró su apoyo a los trabajadores, a la vez que indicó que desde el Ayuntamiento “poco se puede hacer” para paliar esta situación.