El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, planteó a los sindicatos que conforman la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos devolver el 75 por ciento de la paga extra de Navidad de 2012 en tres plazos hasta el año 2017: el primero, antes del fin de este año, aunque no concreta qué porcentaje, el segundo en abril de 2016 y un tercero en marzo del siguiente año.
Por lo que se refiere a los días de libre disposición y vacaciones, desde la Junta se anunció que permitirá que el sexto “moscoso” se pueda disfrutar hasta finales de marzo. En 2016 se recuperarán dos días de vacaciones por antigüedad y los “canosos” se empezarán a negociar en 2016. Los días de libre disposición y vacaciones no implicarán sustituciones salvo en sanidad y servicios sociales en los que serán los Gerentes los que determinen la necesidad de sustituir o no.
Por otra parte, desde el Gobierno autonómico se ha planteado a los sindicatos reclamar de forma inmediata al Gobierno la recuperación de la jornada de 35 horas y el pago del cien por cien de las retribuciones de los empleados públicos durante las bajas laborales.
La propuesta de la Junta también incluye otros aspectos como la modernización las RPT (relación de puestos de trabajo) “avanzando hacia un sistema de ordenación de puestos de trabajo que permita adaptar con agilidad la estructura de la Administración a las necesidades del servicio público, para ello se modificará la Ley de Gobierno y de la Administración de la Comunidad antes de que finalice 2015”.
El consejero de la Presidencia explicó durante el transcurso de la reunión cómo otras comunidades autónomas están actuando en esta materia. A modo de ejemplo señaló que en dos comunidades -Andalucía y Cataluña - no han devuelto ni el primer 25 por ciento de la extra que la Junta de Castilla y León ya pagó en 2014. Además, Andalucía y Cataluña han dejado de pagar otras tres pagas extra a sus empleados públicos. Andalucía pagará el primer 25 por ciento en 2016 y el resto lo demorará a lo largo de la legislatura, sin concretar. Cataluña no ha concretado nada a este respecto.
Cinco comunidades autónomas están estudiando cómo devolver la paga extra, pero en todos los casos parece que se devolverá una primera parte, como pronto, en 2016: Aragón, Asturias, Cantabria, Baleares y Comunidad Valenciana. La Región de Murcia se ha comprometido ya a pagar el segundo 25 por ciento en 2016. Al respecto, los sindicatos calificaron la propuesta de “totalmente inasumible”y desde UGT ya ha registrado una movilización de los empleados públicos para el próximo 7 de octubre, a mediodía, en la sede de Presidencia, la misma fecha en la que el consejero ha citado de nuevo a los sindicatos que integran la Mesa: CCOO, CSI-F, SATSE y ANPE.
Puestos tipo
Por otra parte, en la propuesta de la Junta también se contempla que en marzo de 2016 se negocien los puestos tipo, garantizando que las RPT incluirán sólo esos puestos tipo, así como estudiar a lo largo del próximo año la posibilidad de avanzar de un modelo de prevención de riesgos laborales mixto hacia otro en el que las cuatro especialidades preventivas sean públicas.
Desarrollar en 2016 el estatuto básico del empleado público en la Comunidad de Castilla y León, adaptando la ley de función pública en temas tales como ingreso y provisión y situaciones administrativas, reducción de la interinidad a través de las convocatorias de ofertas de empleo público agotando las tasas de reposición que el Estado marca como máximas anualmente; promoción interna cada dos años y avanzar en la negociación del convenio colectivo de personal laboral de la Junta de Castilla y León, son otras de las propuestas de la Junta.
Además, entre otras medidas, también se planteó a los sindicatos iniciar la negociación de un Plan de Igualdad para los empleados públicos de la Junta con el objetivo de finalizar el diagnóstico de situación en el primer trimestre de 2016 y aprobar el Plan en el primer trimestre de 2017, así como mejorar la carrera profesional a través de la promoción de los empleados públicos, para ello: los Secretarios Generales y Directores Generales serán empleados públicos, salvo en casos excepcionales debidamente motivados en los decretos de estructura; se reconvertirá una parte de las plazas que ahora se proveen mediante el sistema de libre designación, por plazas de concurso específico; y se revisará el sistema de acceso a las plazas de concurso específico, cuya ocupación se someterá a evaluación y no será indefinida.