El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha condenado el aterrizaje forzoso en Bielorrusia de un avión que cubría un trayecto entre Atenas y Vilna en una aparente maniobra de Minsk para poder detener a un periodista opositor exiliado y ha anunciado que la cuestión se tratará en el Consejo Europeo previsto para este lunes.
El avión, un Boeing 737-800, ha realizado un aterrizaje de emergencia en Minsk tras una supuesta amenaza de bomba, lo que ha permitido la detención del periodista Roman Protasevich, uno de los fundadores del canal de Telegram Nexta, que jugó un papel clave en la coordinación de las protestas que siguieron a la reelección del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, denuncia la oposición.
El aparato ha reanudado su ruta finalmente tras varias horas en tierra, según recoge la web especializada Flightradar 24. Sin embargo, Protasevich no está entre los pasajeros, según ha informado el presidente lituano, Gitanas Nauseda, y recoge la agencia de noticias Bloomberg.
El canal Nexta Live acusó a los partidarios de Lukashenko del "secuestro" del avión, para arrestar a Protasevich. "Le espera la pena de muerte en Bielorrusa", según Nexta Live. La oficina de la líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanovskaya, ha asegurado que un avión de combate MiG-29 escoltó al avión hasta el aeropuerto de Minsk. Además, asegura que cuando recibió el aviso de bomba estaba muy cerca de la frontera con Lituania y que el aeropuerto de Vilna estaba más cerca que el de Minsk.
La propia Tijanovskaya ha denunciado el aterrizaje en Minsk "forzado" por el "régimen" y ha advertido de que Protasevich podría ser condenado a muerte. Por ello, ha pedido una investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y sanciones contra Bielorrusia.
La interceptación de un avión civil ha elevado a nuevos niveles la represión que el Gobierno de Alexander Lukashenko ejerce desde hace meses contra la disidencia, que ha visto cómo el cerco sobre ella se ha estrechado tras las polémicas elecciones de agosto.
En esos comicios, Lukashenko obtuvo su sexto mandato en el poder. Lo hizo por un amplio margen, con el 80 por ciento de los votos, pero la oposición puso en duda los resultados oficiales y reivindicó como ganadora a Svetlana Tijanovskaya, que abandonó el país tras constatar que dentro de Bielorrusia probablemente terminaría siendo detenida.
La oposición salió entonces en masa a la calle, en el desafío social más claro contra el Gobierno desde el fin de la Unión Soviética. Más de 30.000 manifestantes fueron detenidos en el marco de estas protestas, según Amnistía Internacional, que da cuenta también de un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos al que se le atribuyen al menos cuatro muertes.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, una de las voces más críticas contra Minsk en estos últimos meses, designó la semana pasada a los tres expertos que conformarán una misión que analizará los posibles abusos cometidos desde mayo de 2020.
Bachelet ha abogado por examinar "el patrón crónico de violaciones sistemáticas en Bielorrusia", que trascendería a las elecciones presidenciales en sí. La jefa de Derechos Humanos cree que se "se han negado de forma rutinaria libertades fundamentales" en la antigua república soviética, por lo que ha llamado a que los responsables rindan cuentas.